Tierras raras Fuerteventura

Un espacio protegido y más de 56 cuadrículas mineras: el segundo proyecto para hallar tierras raras en Fuerteventura

Cadena humana en contra de las prospecciones para extraer tierras raras en Fuerteventura realizada en la playa de Ajuy, en el municipio de Pájara

Natalia G. Vargas

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La búsqueda de tierras raras acecha a Fuerteventura. Una constructora ha pedido permisos al Gobierno de Canarias para intervenir en la mitad de los municipios de la isla. La primera solicitud ya fue admitida por el Ejecutivo autonómico y sometida a exposición pública. Ahora, la Dirección General de Industria ha publicado los documentos del segundo proyecto. En este caso, la empresa Tenáridos, del grupo Satocan, quiere buscar minerales en 56 cuadrículas mineras del municipio de Pájara, afectando al Parque Rural de Betancuria y en el marco de una investigación que duraría tres años y costaría 624.700 euros. 

El proyecto Tenáridos-FV-03. Verode pretende explorar en 18,77 kilómetros cuadrados desde el pueblo de Ajuy hacia el sur, donde la empresa ha “identificado” una serie de complejos plutónicos alcalinos con carbonatitas “que albergan depósitos de gran interés”. Según la constructora, los minerales de este enclave podrían utilizarse para la metalurgia, cerámicas, vidrios, para la industria automotriz y para diseñar sistemas de memoria de comunicaciones y ordenadores. 

Las previsiones de la empresa prevén que la investigación se prolongue durante tres años entre trabajos de investigación, de campo y perforaciones, y contará con un presupuesto total de 624.700 euros. Esta cifra es catorce veces superior a la prevista para los trabajos de Puerto del Rosario, que caía a los 41.800 euros en otros tres años. 

En los documentos, la constructora reconoce que la prospección de mineralizaciones de tierras raras “es compleja”. Las concentraciones de estos recursos son tan bajas que son “imposibles de detectar” a través de análisis químicos rutinarios, por lo que se activarán técnicas como la activación neutrónica. Estas metodologías son una de las razones que han llevado a las administraciones públicas de Fuerteventura a mostrar su rechazo frontal a estos proyectos, que pueden provocar un “impacto ambiental irreversible” en la isla. 

Un Parque Rural y una zona ZEPA 

Los mapas publicados en el área de Minas del Gobierno canario muestran que el campo de investigación del proyecto Verode afecta a una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Más de la mitad de las cuadrículas se sitúan en enclaves donde se encuentra el matorral de algoaera, una especie de flora característica de Fuerteventura. Además, parte del área de investigación está situada dentro del Parque Rural de Betancuria, un espacio natural protegido y compartido por cinco municipios. Este espacio natural fue declarado Parque Rural en 1987 y abarca una superficie de 4.519 hectáreas. Se caracteriza por su singularidad geológica y su vegetación y, según subraya el Ayuntamiento de Pájara en su página web, en él existen “sedimentos marinos del Puerto de la Peña y de civilización indígena”. 

La Ley de Minas obliga a las empresas a restaurar el entorno afectado por su actividad. Tenáridos S.L. incluye en la documentación sometida a exposición pública su plan de rehabilitación. La empresa sostiene que las técnicas de exploración no son invasivas y que son “respetuosas con el medio ambiente”. La constructora subraya que la campaña de sondeos “no supone ninguna afección al medio ambiente” ya que el diámetro de perforación es muy pequeño. 

La documentación contempla como medidas preventivas el control de la circulación de aguas, la selección adecuada de los lugares a realizar los sondeos para evitar afecciones a la vegetación y evitar fugas de sustancias que puedan contaminar el suelo y el agua. Para restaurar el espacio, Tenáridos plantea eliminar “todos los escombros” que provoque la actividad y propone repoblar el espacio dañado con especies autóctonas y adecuadas al tipo de suelo y clima del lugar. 

Una cadena humana

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Pájara ha aprobado por unanimidad una moción institucional en la que solicita al Gobierno de Canarias que no autorice ningún tipo de estudio y extracción de tierras raras en el municipio. Según todos los partidos que forman la corporación municipal, se trata de una de las actividades “más contaminantes del planeta” con graves riesgos para el territorio, el medio ambiente y las personas. 

''Debemos proteger la riqueza de nuestro territorio ante un problema que no es solo de los municipios de Pájara o Puerto del Rosario, sino del territorio insular en general'', han coincidido los miembros del Ayuntamiento. De esta forma, se han sumado al rechazo expresado por los vecinos del municipio. El pasado 7 de abril, los residentes de Ajuy formaron una cadena humana para exigir la paralización de todos los proyectos mineros que se plantean para la isla. 

Puerto del Rosario

Diferentes asociaciones de Fuerteventura ya han presentado sus alegaciones al proyecto de Satocan en Puerto del Rosario. La investigación Tenáridos-FV-02 P.I. Opáres cubre una superficie de cuatro cuadrículas mineras en la capital de la isla y, según las asociaciones defensoras de la biodiversidad y el patrimonio de Canarias, las exploraciones pretenden realizarse en zonas próximas a yacimientos arqueológicos y en lugares de nidificación y tránsito de aves amenazadas y en peligro de extinción. 

La entidad El Efequén ha alegado que la zona de extracción está muy cerca de los yacimientos arqueológicos localizados al norte del Barranco de los Molinos, y propone que el entorno sea utilizado para investigar los modos de vida de la isla tanto aborígenes como posteriores. Asimismo, las alegaciones alertan de que Fuerteventura está declarada en situación de emergencia hídrica y por tanto no está preparada para que se utilicen grandes cantidades de agua para estas tareas.

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria también ha aseverado que las cuadrículas mineras de Opáres solapan con suelos protegidos por legislación regional y europea así como sobre varias Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Entre las especies amenazadas que transitan por esa zona están la hubara africana, que ha ido desapareciendo en los últimos años, y el halcón tagarote, una especie protegida.

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