Jueces de Egipto amenazan con dejar de ejercer sus funciones
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Club de Jueces de Egipto ha amenazado a última hora del jueves con dejar de ejercer sus funciones en todo el país como medida de protesta contra la declaración constitucional anunciada por el presidente del país, Mohamed Mursi, que han descrito como “un asalto contra el mandato de la ley y la independencia judicial”, al tiempo que han subrayado que “empuja al país hacia la era prehistórica”.
El director del organismo, Ahmed al Zend, ha apuntado que la declaración constitucional “erradica toda esperanza de calma y estabilidad” y ha destacado que tiene como principal objetivo a las autoridades judiciales del país, motivo por el que ha pedido a todos los cargos que se vean potencialmente afectados por la misma que “se aferren a su puesto hasta la muerte y se nieguen a dimitir”.
Antes de la firma del decreto, Mursi había perdido dos batallas contra el sistema judicial. En junio, el Tribunal Constitucional revocó la decisión del presidente de restaurar el Parlamento, disuelto por el propio tribunal meses antes, mientras que en octubre tuvo que abandonar sus intentos por destituir a Mahmud.
El sistema judicial ha mostrado su especial molestia con la destitución del fiscal general del país, Abdel Maguid Mahmoud, y el nombramiento de Talat Abdulá --quien ha jurado su cargo minutos después de que Mursi terminara la lectura del decreto-- sin la aprobación del Consejo Judicial Supremo. Los intentos previos de Mursi de destituir a Mahmud habían sido rechazados frontalmente al ser considerados como una ruptura de su independencia, ya que el fiscal general era, hasta hoy, inmune a la intervención del Poder Ejecutivo.
Tras su nombramiento, Abdulá ha expresado su intención de repetir los juicios a los altos cargos del régimen responsables de la represión contra los manifestantes de la revuelta que acabó con la dimisión del anterior presidente, Hosni Mubark, en febrero de 2011, tal y como ha ordenado Mursi en el primer artículo de su nueva declaración constitucional.
El decreto implica, entre otras cuestiones, que Mubarak también volverá a ser juzgado, tras haber sido condenado a cadena perpetua el pasado mes de junio por no haber impedido las muertes de manifestantes a manos de policías en las manifestaciones que precedieron a su renuncia. Sin embargo, quedan fuera de la revisión los crímenes cometidos por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas --órgano que se hizo con el poder tras la salida de Mubarak--, acusado por las fuerzas revolucionarias de múltiples incidentes de represión y de la muerte de centenares de manifestantes.
Uno de los puntos más controvertidos del texto es el sexto, en el que se establece que “el presidente está autorizado para tomar cualquier medida que considere adecuada para preservar y salvaguardar la revolución, la unidad y la seguridad nacional”.
Varias voces críticas con el presidente han manifestado que este artículo supone una declaración de ley marcial bajo el disfraz de un artículo parte de un decreto, al tiempo que han mostrado su preocupación ante las posibles implicaciones de una formulación tan laxa, ya que queda abierta a interpretación la forma de aplicar o las situaciones en las que aplicar el artículo.
Una de las principales fuentes de preocupación es la libertad de prensa, un asunto que ha causado varios roces en los últimos meses entre el Gobierno y la oposición ante la convocatoria ante las autoridades de varios periodistas por su trabajo bajo acusaciones de difamación, así como la confiscación de varias licencias a diversos medios críticos con Hermanos Musulmanes.
BLINDA LA ASAMBLEA CONSTITUCIONAL
Además, en su declaración constitucional, Mursi ha decretado que la Asamblea Constitucional no podrá ser disuelta ni por el sistema judicial ni por el Consejo de la Shura (la Cámara Alta del Parlamento egipcio), y que el organismo --dominado por Hermanos Musulmanes-- contará con otros dos meses de plazo para redactar la Carta Magna del país, extendiendo el plazo de los seis a los ocho meses.
En la actualidad, hay dos casos pendientes contra la Asamblea Constituyente y el Consejo de la Shura, aunque ambos quedan ahora anulados con la publicación de la declaración, según ha indicado el diario egipcio 'Al Masry al Youm'.
Asimismo, el sistema judicial no podrá vetar, anular ni enmendar ninguna ley, declaración o decreto emitido por Mursi desde que llegó al poder hasta que se ratifique una nueva Carta Magna y se haya elegido un nuevo Parlamento, protegiendo así sus decisiones de cualquier tipo de revisión.
Desde la publicación de la anterior declaración constitucional, con la que Mursi se abrogó poderes legislativos tras anular un anexo constitucional aprobado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el mandatario ha aprobado enmiendas a varias leyes, incluyendo una para garantizar la amnistía a algunos crímenes cometidos durante la revolución contra Mubarak.
Entre otras medidas, ha aprobado un aumento del 15 por ciento en los salarios de los empleados públicos, así como una subida similar de las pensiones. También ha enmendado varias leyes relativas a educación y sanidad para niños en edad escolar, así como un incremento en los castigos contra los contrabandistas de combustibles.
“PROTECCIÓN DE LA REVOLUCIÓN”
En el caso de la repetición de los juicios a los altos cargos del régimen responsables de la represión contra los manifestantes de la revuelta contra Mubarak, Mursi ha decretado la formación de un organismo encargado de ejercer las funciones de fiscalía, conformado por jueces que permanecerán en el puesto durante un periodo de un año.
Asimismo, el mandatario ha ordenado que se entreguen pensiones adicionales a todas aquellas personas que resultaron heridas durante la revolución o en el marco de los enfrentamientos subsiguientes y que sufran, a consecuencia de los mismos, parálisis total, ceguera u otras heridas que les impidan trabajar.
El valor de las pensiones será el mismo que el que se concede a las familias de los mártires de la revolución. Entre los enfrentamientos contemplados por la legislación están la masacre de Maspeto, los enfrentamientos en la calle Mohamed Mahmud y los disturbios ante el Ministerio de Interior en 2011. Igualmente, se deja la puerta abierta a todo incidente que pueda ser considerado como sujeto a la legislación por el Consejo Nacional de Cuidado a las familias de los Mártires.
