El TPI urge a arrestar a los acusados de crímenes cometidos en Darfur
NUEVA YORK, 16 (Reuters/EP)
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, ha urgido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a ejecutar las órdenes de detención emitidas contra un grupo de altos cargos sudaneses, entre ellos el presidente, Omar Hasan al Bashir, por los crímenes perpetrados en Darfur (oeste).
En una comparecencia ante el Consejo de Seguridad, Moreno Ocampo ha explicado a sus 15 miembros que es “esencial” que se ejecuten las órdenes del TPI porque la detención de estas personas “permitiría frenar los crímenes que se están cometiendo en Darfur”.
El fiscal jefe del TPI ha denunciado que estas personas continúan en el poder, a pesar de las graves acusaciones que pesan en su contra. “Todavía controlan el Gobierno de Sudán y dirigen las operaciones militares en diferentes puntos del país”, ha subrayado.
Además, ha criticado que sigan en libertad, a pesar de que “el mundo sabe dónde se esconden”. En concreto, ha señalado que tanto Kenia como Malaui han incumplido sus obligaciones con el TPI al no detener a Al Bashir cuando visitó estos países. En el caso de Kenia, un tribunal ha determinado que si el presidente sudanés regresa, sus autoridades deberán detenerle.
Hasta el momento, el TPI ha emitido órdenes de arresto contra Al Bashir, por genocidio, y contra el ex ministro de Interior Ahmed Haroun y el líder de la milicia Janjaweed, Alí Kushayb, por crímenes de guerra. Si bien, recientemente Moreno Ocampo ha solicitado la detención del ministro de Defensa, Abdelrahim Mohamed Hussein.
Por su parte, el embajador de Sudán en Naciones Unidas, Daffa Alla Elhag Alí Osman, ha criticado al fiscal jefe del TPI al considerar que es “parcial” en los asuntos que conciernen al país. ¿Por qué ha esperado cinco años a hacer esta acusación?, ha dicho en alusión al caso del ministro de Defensa.
En este sentido, el embajador sudanés ha argumentado que la intención de Moreno Ocampo es dinamitar “los esfuerzos que está haciendo el Gobierno de Sudán para restablecer la paz y la seguridad en el país”.
Sudán no es miembro del Estatuto de Roma --tratado fundacional del TPI-- por lo que los procesos contra estos altos cargos fueron motivados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, organización a la que sí pertenece el país, lo que hace obligatorio el cumplimiento de sus órdenes.
Al menos unas 300.000 personas han muerto y más de 2,7 millones han sido desplazadas por los ocho años de enfrentamientos entre grupos rebeldes en Darfur, según cifras de Naciones Unidas. Sudán solamente reconoce 10.000 muertes por este conflicto.
