Aeropuertos: Canarias no se vende

El Gobierno del Partido Popular continúa adelante con su pretensión liberalizadora de vender nuestro territorio a cachos, ahora se empeña en revisar y privatizar el modelo español de gestión estatal aeroportuaria promoviendo la liberalización y el cambio en la estructura de la propiedad de AENA Aeropuertos, con la entrada de capital privado de hasta un 49% en dicha sociedad mercantil. Una nueva agresión que compromete el futuro de Canarias, una región ultraperiférica de la Unión Europa con un acusado déficit de accesibilidad en comparación con el resto de las regiones continentales. Hecho diferencial que limita o retrasa nuestra convergencia con los estándares de riqueza y bienestar del resto de la Unión Europea.

Los aeropuertos canarios son, junto con los puertos, las principales infraestructuras para garantizar nuestra cohesión territorial, social y económica, pues no tienen nada que ver los aeropuertos en un archipiélago ubicado en medio del Atlántico con los aeropuertos del continente y, por tanto, se precisa de una política diferenciada. Además, son instrumentos esenciales para el desarrollo económico y social de Canarias, pues no olvidemos que el sector turístico es el principal componente de nuestro Producto Interior Bruto y un altísimo porcentaje de nuestros visitantes, más de un 80%, nos llega por vía aérea. Una mejor gestión, por tanto, en la política de concesiones comerciales y de servicios en nuestros aeropuertos podría contribuir a realzar la imagen turística de Canarias, lo que unido a una política tarifaria apropiada podría incidir en una mayor competitividad de nuestros aeropuertos y atraer a nuevas compañías y rutas. Algo esencial en el caso de La Palma

Pero desde el Gobierno central no se avanza en esta línea, con un modelo de cogestión descentralizado, en el que participen las administraciones públicas territoriales, como ocurre en la mayoría de los países europeos, y los agentes económicos y sociales de Canarias, para conseguir una mayor eficiencia en la gestión y poder llevar a cabo una política aeroportuaria propia y alineada con el territorio, realzando los elementos diferenciadores, atendiendo a las necesidades específicas de nuestra conectividad exterior y desarrollando estrategias ajustadas a nuestra realidad insular y a nuestro modelo económico. Se avanza en la línea de adoptar decisiones que van en contra de los intereses de Canarias, como viene siendo el caso, por citar algún ejemplo, con la autorización de las prospecciones petrolíferas en nuestras Costas.

Téngase en cuenta, que el Sistema Aeroportuario Canario es muy rentable en su conjunto y parte de esos beneficios se han estado utilizando para la construcción y mejora de otros Aeropuertos en la España continental. Pero hay tres Aeropuertos en Canarias que no son rentables: La Gomera, El Hierro y La Palma. En el caso de La Palma, el que mayores pérdidas anuales acumula, tiene un resultado negativo en sus cuentas que está en torno a los 5 millones de Euros. La pregunta es, si con la privatización de AENA lo que prima es la rentabilidad económica, ¿qué pasará con el Aeropuerto de la villa de Mazo? ¿Se antepondrán esos intereses de unos pocos al interés general de la isla?.

Para Nueva Canarias, la gestión de un aeropuerto no consiste en maximizar beneficios a toda costa, sino en atender las necesidades de accesibilidad y conectividad de Canarias y, en este caso, de la isla de La Palma. Los aeropuertos de las islas no deben considerarse solo en términos de rentabilidad económica sino también en términos de rentabilidad social, de eficiencia, de seguridad, de abaratamiento de los servicios, repercutiendo los beneficios en la reducción de las tarifas para una mayor competitividad de nuestros aeropuertos.

Es necesario que tomemos conciencia colectiva de que Canarias no se vende, que la ciudadanía canaria comprenda la importancia estratégica que tienen estas infraestructuras y que las políticas arbitrarias que nos pretenden imponer desde el neoliberalismo, dejándolas en manos de especuladores, no son buenas para los intereses generales de La Palma y de Canarias y, de manera muy especial, para el desarrollo del sector turístico, sobre el que tendrá un efecto demoledor, ya que las cuentas de resultados de esos nuevos gestores no se regirán por el interés general sino por el principio de su rentabilidad. Esto es, por su bolsillo.

Por eso, hacemos un llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas, económicas y sociales de las islas para remar juntos en la defensa de nuestros aeropuertos, para que su gestión sea transferida a la Comunidad Canaria ya que existen argumentos jurídicos para invocar el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía que establece que nos corresponde la competencia de ejecución en los aeropuertos de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa, como es el caso.

Una vez transferida la competencia a la Comunidad Canaria, atendiendo a un derecho inalienable de ésta, se deberá crear un órgano de gestión de la red o sistema aeroportuario canario, integrado por la totalidad de nuestros aeropuertos, en el que participen, además de la Comunidad Autónoma y los cabildos insulares, representantes del tejido social y económico de las islas, de manera que se planifique y gestione atendiendo a nuestras necesidades de conectividad.