Emergencia social

Decía mi abuelo que la soga siempre rompe por lo más débil. Eso seguramente también se lo oyó él a sus abuelos y, desgraciadamente, sigue vigente hoy que tengo edad para ser abuelo. Esa vigencia pone de manifiesto nuestro fracaso en las políticas sociales, nuestra incapacidad para garantizar los derechos a los ciudadanos, porque algo falla cuando en el año 2012 se han producido unos 2.000 desahucios en Canarias, casi seis diarios.

Este asunto seguro que ha sido nuestra preocupación en estos años, pero toca que sea “nuestra ocupación” pues así nos lo piden los ciudadanos que son quienes lo sufren en primera persona.

La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda puso de manifiesto durante el Pleno del Parlamento de Canarias algunas actuaciones llevadas a cabo por su departamento y otras que plantea activar en los próximos meses y el presidente del Gobierno de Canarias, también en sede Parlamentaria, anunciaba que pondrán en marcha medidas para intentar dar una solución a este problema, entre las que se encuentran el fomento del alquiler de viviendas vacías y, lo que es más importante, la adopción de una serie de decisiones para evitar los desahucios para las familias que se encuentren en situación de emergencia social.

Porque sigue siendo un sinsentido que entidades que han sido rescatadas con el esfuerzo económico de la ciudadanía porque necesitaban de ese apoyo para salir del peligro de la bancarrota, de la quiebra, la insolvencia, o incluso la liquidación o la ruina, son las mismas que cuando esa ciudadanía les pide ayuda, se la niegan.

Los mismos a los que se les dio dinero rápidamente ahora se quedan con la vivienda de unos ciudadanos que no pueden pagar algo con lo que es verdad se habían comprometido pero que, por circunstancias imprevistas, sobrevenidas, no pueden afrontar, y lejos de buscar una solución -como se les buscó a ellos en su día aún sabiendo el esfuerzo que nos iba a costar a todos- se quedan con unas viviendas que ni siquiera podrán ocupar y con las que no ganarán nada.

No pueden, no podemos demonizar a esos ciudadanos porque son personas de buena fe que intentan salvar lo poco que les queda o les quedaba, y estoy seguro de que están dispuestos a llegar a un acuerdo para darle a su familia un techo bajo el que estar.

Nos lo ha dicho Europa de forma muy clara, la ley hipotecaria española es injusta. De nada sirve ir echándonos la culpa los unos a los otros, lo que importan son las soluciones.

En definitiva, como decía al principio, en caso de salir mal un asunto quienes sufren las consecuencias son los más débiles.

Luego, nos toca oír a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, porque han tenido la valentía de poner en el debate público y político el drama de muchas familias que vivían silenciadas y en la más absoluta soledad un drama que se agotaba en sí mismo.

Toca poner a disposición de las familias el parque de viviendas vacías que las propias administraciones hicimos; toca escuchar, repito, para con el adecuado consenso buscar fórmulas que resuelvan, de una vez, un drama que lleva demasiado tiempo conviviendo con nosotros y al que muchas veces le hemos colocado una sordina que ahora se nos convierte en un sonido al que los poderes públicos debemos dar una respuesta adecuada.