Primeros pasos de la Ley del Suelo y Espacios Protegidos de Canarias

Se cumplen dos meses de la entrada en vigor de la Ley del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias y es momento de hacer un pequeño balance de los primeros pasos dados desde el Gobierno de Canarias en este camino que debemos recorrer junto a las administraciones locales e insulares para que la aplicación plena y efectiva de la norma empiece a dar sus frutos.

Nuestro trabajo no terminó con la entrada en vigor de la Ley. Desde ese día, afrontamos una nueva etapa marcada, fundamentalmente, por el apoyo técnico a las corporaciones locales y por la formación.

El 1 de septiembre, la Consejería de Política Territorial puso en marcha las oficinas de apoyo a los gabinetes técnicos de los ayuntamientos en todas las islas no capitalinas, concretamente, en Arrecife, San Sebastián de La Gomera, Valverde, Puerto del Rosario y Los Llanos de Aridane.

Estas oficinas están dotadas desde el primer día con profesionales técnicos y jurídicos, y nuestro compromiso es ir incorporando más personal en los próximos meses en función de las necesidades que nos vayan trasladando los ayuntamientos.

En estos momentos, las oficinas trabajan para conocer a fondo la situación real de los gabinetes técnicos, los medios con los que cuentan, su volumen de trabajo y cuáles son los trámites y expedientes que acumulan más retraso. En función de los resultados de este análisis, se tomarán las medidas oportunas para dar soporte técnico y profesional a los ayuntamientos.

Una de las primeras necesidades que nos han trasladado es la conveniencia de contar con un protocolo de tramitación de expedientes, en cuya elaboración ya estamos trabajando desde la Consejería.

Estamos haciendo, igualmente, un importante esfuerzo en estos dos primeros meses en el campo de la formación. No cabe duda de que la ordenación del territorio es una materia compleja y que los cambios y novedades que introduce esta ley deben ser trasladados en primera instancia a los empleados públicos y el personal técnico y jurídico de municipios, cabildos y Gobierno de Canarias.

Para ello, en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), pusimos en marcha en septiembre un completo e intensivo programa de formación en Tenerife y Gran Canaria, con módulos que se imparten de manera simultánea en el resto de islas del Archipiélago.

A través de 17 ponencias, y con un total de 72 horas lectivas, se dan a conocer las líneas generales del nuevo marco legal, abordando todos los bloques temáticos que incorpora la ley, como el estatuto de propiedad del suelo, la planificación y evaluación ambiental, la gestión urbanística, el régimen sancionador y el régimen transitorio, entre otros.

El curso de especialización ya se está impartiendo por módulos en las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera, y comenzará a lo largo de este mes de noviembre en Lanzarote y Fuerteventura.

Quiero destacar en estas líneas el magnífico trabajo que están haciendo los ponentes y la positiva acogida que están teniendo sus charlas formativas.

Estos ponentes son, en su mayoría, especialistas en Derecho Urbanístico que abordan los problemas reales con los que se enfrentan los técnicos y cuya solución es clave para dar seguridad jurídica a quienes tienen que aplicar la ley y a los ciudadanos.

Aún queda por delante pasos que dar para la completa y efectiva aplicación de la ley. Estamos en estos momentos en fase de redacción de los cinco reglamentos que completarán aspectos del articulado que requieren desarrollo para ser plenamente ejecutables.

Entre ellos, es especialmente relevante el reglamento que creará y regulará el funcionamiento del Registro de Planeamiento de Canarias, por citar solo uno de ellos.

Algunos cabildos y ayuntamientos, en el marco de sus nuevas competencias, ya han empezado a trabajar en la creación de sus propios órganos ambientales.

Tenemos aún mucho trabajo por delante en los próximos meses, desde el Gobierno de Canarias, desde los cabildos y desde los ayuntamientos. Si bien, la mayor parte del articulado es de aplicación directa, el verdadero fruto de la Ley, el más importante para el desarrollo social y económico de Canarias, llegará con la aprobación de los planes de ordenación que llevan años paralizados, comprometiendo el presente y el futuro de muchos municipios.

Queda camino por recorrer, muchas etapas que quemar, pero la meta es ilusionante.