Tijarafe se adhiere a la Agencia de Protección
El Boletín Oficial de Canarias ha publicado este martes, 1 de octubre, la adhesión del Ayuntamiento de Tijarafe a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), según se informa en una nota de prensa. En días pasados el alcalde de de Tijarafe, Lorenzo Lorenzo Sosa, y el director ejecutivo de la APMUN, Emiliano Coello, suscribieron el citado convenio de adhesión, que persigue estrechar lazos de colaboración en materia urbanística y ambiental.
El convenio implica que Tijarafe se une como miembro de pleno derecho a los órganos de decisión de la APMUN, delegando en la agencia la inspección, supervisión, sanción y restablecimiento por las infracciones a las normas municipales y de la ordenación urbanística en suelo rústico. En La Palma ya están consorciados los ayuntamientos de San Andrés y Sauces, Breña Alta, Mazo, El Paso y Puntagorda, además del Cabildo de La Palma.
Emiliano Coello ha manifestado su satisfacción por esta incorporación, valorando positivamente que Tijarafe se sume a un organismo que vela por la legalidad urbanística y medioambiental, y que prioriza la prevención y la colaboración institucional como ejes de trabajo. A través de este convenio, con vigencia de cuatro años, prorrogándose automáticamente por iguales períodos de tiempo, el Ayuntamiento aportará 4.808,90 euros anuales para el sostenimiento económico de la APMUN.
En La Palma durante, el año 2012 se incoaron 172 expedientes, de los cuales 73 fueron por infracciones sobre residuos o vehículos abandonados, 74 por infracciones constructivas al Decreto Ley 1/2000, 16 por infracciones al mismo Decreto pero no constructivas, 2 por contravenir la Ley de Costas, 5 por impacto ambiental, 1 por extracción de áridos, y otra por contravenir la legislación en materia de envases.
Desde 1999 hasta 2012 la APMUN ha abierto 4.873 expedientes en La Palma. De esta cifra, 2.010 correspondieron a infracciones constructivas al Decreto Ley 1/2000, 1.963 fueron por infracciones sobre residuos o vehículos abandonados, 646 por infracciones constructivas al Decreto Ley 1/2000, 112 por contravenir la Ley de Costas, 81 por impacto ambiental, 53 por vertidos al mar, 4 por extracción de áridos, 3 por contravenir la Ley de Envases, y 1 más por infringir la normativa sobre cetáceos.
