Mazo no quiere extinguir el contrato a 4 trabajadores
El Ayuntamiento de Mazo busca una solución para no tener que extinguir los contratos de cuatro trabajadores tras una demanda del sindicato SEPCA, según se informa en una nota de prensa. En septiembre de 2012, este sindicato de empleados públicos demandó al Consistorio “por la bajada del salario del puesto de secretario municipal después de que dejara de ejercer las funciones de interventor que venía realizando hasta la fecha”, recuerdan fuente municipales. “Debido a esta reducción de funciones, el Ayuntamiento había bajado a la mitad su complemento específico, medida contra la que el trabajador presentó alegaciones y desistió posteriormente”, añaden.
También denunciaba el complemento específico que se asignó al puesto de interventora, por considerarlo muy reducido y asimismo planteaba que las plazas de agente de desarrollo local, de técnico de Intervención, de un delineante y de un arquitecto técnico, que estaban ocupadas por personal laboral, “debían estar reservadas a funcionarios y proveerse mediante oposición libre, pues todos los puestos que desempeñan funciones públicas deben ser ocupados por funcionarios”, puntualizan.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en su sentencia, dictada en noviembre de 2013, y comunicada oficialmente al Consistorio este mes de febrero, “da la razón al Ayuntamiento de Villa de Mazo en cuanto a la reducción del complemento salarial del puesto de secretario municipal y en lo referente al complemento específico asignado a la plaza de interventora”, aseguran.
Respecto a las plazas de personal laboral, cuya conversión en puestos de funcionario reclamaba el sindicato SEPCA, el Ayuntamiento “defendió en el proceso judicial la necesidad de continuar con esos puestos de trabajo hasta que se pudiera convocar oposiciones ya que el Gobierno del Estado prohíbe su convocatoria”, precisan. Sin embargo, la sentencia del TSJC estima parcialmente la petición del sindicato al mandar que los cuatro puestos de trabajo de personal laboral “se deben clasificar como reservados a personal funcionario con la previsión de la oposición libre como sistema de provisión”. En este sentido, “existe informe jurídico de ejecución de la sentencia del servicio de personal según el cual la reclasificación de estos puestos en funcionario implica la extinción del contrato del personal afectado, teniendo dos meses para ejecutar la sentencia”.
Del contenido de la sentencia, “se ha informado en varias ocasiones a la oposición en Plenos celebrados, tanto al grupo Popular como al Socialista, tanto es así, que el PP preguntó en un pleno por el decreto de nombramiento del abogado externo que representó en el juicio los intereses del Ayuntamiento, explicando nuevamente el contenido de la demanda”, afirman. “Del caso se encargó un abogado externo al Ayuntamiento, al no poderlo asumir en ese momento la letrada consistorial, y ya iniciado el proceso, el Ayuntamiento decidió cambiar de abogado al tener conocimiento de que una parte fundamental de la documentación necesaria para defender la postura del Consistorio no fue remitida al juzgado”, detallan. En concreto, “la referida a la reducción de salario del secretario municipal, cuya documentación fue remitida posteriormente al juzgado y admitida en el proceso”.
La demanda del sindicato SEPCA “abre la puerta a la extinción de los contratos de trabajo, que no se produciría si se hubiera contado con el consenso de los concejales del grupo Popular y Socialista para aprobar la primera Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento, que cuenta con el apoyo del sindicato CCOO y que ha sido rechazada férreamente por la oposición, con los que ha sido imposible alcanzar un acuerdo, sin que planteen ninguna postura alternativa”, sostienen fuentes municipales. La RPT, insisten, “mejoraba las condiciones laborales del personal, buscaba consolidar los puestos de trabajo y que sólo contemplaba la bajaba de sueldo de los puestos de Secretaría y Letrada Consistorial por reducción de funciones, y ahora las justificaciones a su actitud que pueda hacer la oposición sirven de poco”.
Comunicada oficialmente la sentencia, este jueves se celebró un pleno para dar cuenta de la misma que fue convocado el viernes de la semana pasada.
El grupo de Gobierno “siente que los cuatro trabajadores se encuentren en esta situación y que el Ayuntamiento se vea obligado a extinguir los contratos de trabajo, en cumplimiento del informe jurídico sobre la ejecución de sentencia de los servicios jurídicos y a la espera del informe solicitado a la Secretaria Municipal”, señalan. “A pesar de todo, seguirá buscando una solución en estos dos meses con la esperanza de que pueda resolverse favorablemente”, concluyen.
