Torres califica la aprobación del proyecto de Ley de Cambio Climático como paso “definitivo para consolidar la apuesta isleña por la transformación medioambiental”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó esta mañana, durante la presentación del proyecto de Ley Canaria de Cambio Climático, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, que con este paso se cumple uno de los principales compromisos de su Ejecutivo tras tomar posesión como presidente de Canarias en julio de 2019. “Por lo tanto, el día de ayer fue especial porque, tras dos años, cumplíamos uno de nuestros principales objetivos en esta legislatura”, se informa en nota de prensa. 

El proyecto de ley entrará la semana próxima en el Parlamento de Canarias y, según recalcó Torres, con esta iniciativa se sigue la línea de clara apuesta de este Ejecutivo por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, lo que se reflejó desde agosto de 2019, cuando se aprobó el acuerdo con la Declaración de Emergencia Climática en Canarias. “Ese día -recordó-, compareció todo el Gobierno y dijo que era clave que las Islas dieran pasos para convertirse en un territorio libre de carbonización y que apuesta por las energías renovables de manera valiente, algo a lo que obliga esa declaración”. 

Torres expresó que esos pasos “debieron darse mucho antes, pero queremos mirar hacia el futuro. En aquel momento, hubo quien nos dijo que esto podría traer consigo retrocesos en el turismo, pero resulta que se da justamente lo contrario, pues lo que se pide hoy por parte de la sociedad que quiere un planeta verde es que en el destino al que va el turista cuente con recogida selectiva de residuos, apueste por la energía fotovoltaica, que se sea lo más autosuficiente posible, que los vehículos sean eléctricos… En definitiva, que se abandone la combustión fósil”, indicó. 

El presidente de Canarias subrayó que, tras la Declaración de Emergencia Climática, “el 78% de los compromisos se han cumplido y, por tanto, con esta ley damos un paso definitivo para consolidar esa apuesta por la transformación social y medioambiental”. Según afirmó, se trata de la ley que más aportaciones ciudadanas ha recibido en la historia de las Islas, con un total de 384 en los dos periodos de exposición pública (170 y 214), lo que significa que la sociedad canaria ha querido participar y siente esta ley como suya, lo que supone otro hito“.

Torres también destaca que en su elaboración han intervenido más de 500 personas y colectivos, con reuniones intensas y diversas, “por lo que se trata de un documento fruto del trabajo de mucha gente, sin exclusiones y para que todos aportaran lo mejor. Las nuevas obligaciones se coordinarán por la futura Agencia Canaria de Cambio Climático”. Además, anunció, en relación con esta misma apuesta por la sostenibilidad integral en las Islas, que “este 2 de diciembre presentaremos en Lanzarote la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, su marco estratégico. Es otro avance que, según recordó, ha sido reconocido por la UE, el Gobierno de España y Naciones Unidas”. 

Para el titular del Ejecutivo autonómico, “la nueva ley es valiente, se debe cumplir lo antes posible y se pretende que sus objetivos se alcancen en 2040, diez años antes de lo que marca las normativas europea y estatal. Queremos que se apueste por la renovación de los inmuebles públicos y privados, por un parque automovilístico sostenible, por la eficiencia energética y, además, tenemos el mecanismo financiero del programa de la UE Next Generation, que facilitará que esta ley se cumpla”, expuso. Por lo tanto, “habrá soporte presupuestario para su consecución y apostamos por la llamada justicia climática, ya que las personas de rentas más bajas tendrán subvenciones mayores para comprar, por ejemplo, vehículos eléctricos o para el autoconsumo energético. No queremos que esto quede solo para rentas con posibilidades, sino que se socialice la apuesta por las energías limpias, que no depende ni de los sexos ni de las rentas de las personas o familias”. 

A modo de síntesis, el presidente de Canarias indicó que “queremos ser ocho islas ejemplares en la acción climática y un lugar estratégico por su ubicación de enlace tricontinental y por su gran potencial en todos los ámbitos de las energías verdes. Lo haremos con los 88 municipios y con la aplicación de la Agenda Urbana Canaria. La implicación es de toda la sociedad y se trata de un antes y un después en el Archipiélago”, concluyó.

Ruta ambiciosa para un territorio con fragilidades frente al cambio climático 

En la misma cita con los medios, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, aseguró que la aprobación del proyecto de ley “es un hito histórico para Canarias”. “En estos momentos, en los que se está debatiendo el acuerdo final de la COP26 en la ciudad de Glasgow, es importante que todos los territorios adquiramos compromisos sobre la acción climática. Y esta ley canaria es una prueba fehaciente de dicho compromiso porque establece una ruta muy ambiciosa para un territorio que tiene muchas fragilidades frente al cambio climático”, expuso el consejero.

Valbuena sostuvo que se trata de la ley más ambiciosa del territorio nacional y dijo que, gracias a ella, “cuando termine esta legislatura, todos sabremos qué tenemos que hacer en sostenibilidad y nadie tendrá una sola excusa por no saberlo o por no tener los instrumentos para poder hacerlo”, subrayó.

Tras desgranar los objetivos de la futura ley según el contenido del citado proyecto, Valbuena destacó que el texto recoge “una batería importante de obligaciones para las administraciones públicas” y que, a través de la Estrategia Canaria de Justicia Climática y Transición Justa, “se garantizará que nadie se quede atrás y que reciban más ayudas aquellos que más las necesiten”. 

El proyecto de ley y sus principales herramientas y medidas 

La aprobación del proyecto de Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética se produjo ayer, jueves, en el Consejo de Gobierno, tras incorporarse en el texto diferentes aportaciones realizadas por el Consejo Consultivo. A partir de este momento, el documento normativo pasa al Parlamento de Canarias, donde entrará la semana que viene, para su tramitación por parte de todas las fuerzas políticas de la Cámara regional. 

Ese proyecto legislativo, alineado con la ley estatal y la normativa europea de cambio climático, establece medidas y obligaciones únicas en el ámbito nacional, como el establecimiento de acciones ejemplarizantes para el conjunto de administraciones públicas y medidas específicas para asegurar la transición justa, la protección de colectivos vulnerables, con especial atención a la infancia, los mayores y la justicia climática. 

El objetivo es que suponga un cambio de modelo en las islas, tanto en el ámbito privado como en el público, y que establezca metas ambiciosas como la descarbonización de Canarias en el año 2040, una década por delante de los objetivos de reducción de emisiones fijados por la Unión Europea y por España para 2050. 

Este texto normativo contará con diferentes instrumentos de gestión, como son la Estrategia de Cambio Climático de Canarias, el Plan de Transición Energética de Canarias y el Plan de Acción de Cambio Climático, que también se encuentran en su última fase y entrarán en vigor desde que se apruebe la ley en el Parlamento. 

La nueva ley incluirá la creación del Registro Canario de Huella de Carbono como instrumento para regular las emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo de acciones para su disminución o absorción. 

Para reducir la huella de carbono, las actividades más contaminantes deberán elaborar un plan de transición energética; los grandes centros generadores de movilidad, ya sean públicos o privados, redactarán y ejecutarán planes de movilidad sostenible para trabajadores y usuarios, y los centros universitarios deberán establecer planes de escalonamiento horario en el comienzo y fin de sus actividades para reducir el tráfico. 

Se establece, además, un modelo de gobernanza para la acción climática de Canarias basado en la coordinación entre las instituciones sociales y económicas, para alcanzar un acuerdo de corresponsabilidad que permita a su vez alcanzar las metas, objetivos, medidas y acciones recogidas en los distintos instrumentos de desarrollo que propone la ley.

En cuanto a la movilidad, se potenciará el modelo de transporte público y colectivo y la eficiencia energética, además de establecer una densidad máxima de vehículos privados de combustión interna e implementar medidas que premien el uso de vehículos sin combustión, como la gratuidad en los aparcamientos.