“Me apena que las personas con movilidad reducida no puedan coger una guagua adaptada en La Palma”

La ley que obliga a adaptar edificios públicos, establecimientos privados y servicios a cualquier discapacidad no se cumple y las sanciones que contempla no se aplican. La aparejadora Remedios Cruz es técnica de la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa) y reconoce que “para muchos establecimientos la adaptación a la normativa es un coste adicional enorme pero en la mayoría de los casos no es tan complicado”, ha asegurado a La Palma Ahora. “Los edificios públicos van poco a poco, pocos cumplen con la normativa y a mí a día de hoy me llegan proyectos, cuando el código técnico es tan claro y la normativa también, que no son completamente accesibles”, afirma. 

“Sabemos que la orografía de La Palma es difícil, pero nosotros lo que pedimos es que cuando se construya una infraestructura, aunque sea en el Roque de Los Muchachos, se contemple la accesibilidad para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de ella”, resalta. “Hay que tener delicadeza a la hora de proyectar, porque en todas las familias podemos tener un día a personas con movilidad reducida que necesiten usar una muleta o ir en silla de ruedas, o simplemente llevar el carrito de un niño”, remarca. 

“A mí me da mucha pena que una persona con movilidad reducida no pueda utilizar el servicio público en La Palma porque no encuentra una guagua adaptada”, se lamenta. “Las guaguas adaptadas no llegan a toda la Isla, ni tienen los horarios continuos que deberían, hay que llamar cada vez que las necesitas a Transporte Insular para confirmar que realmente va a pasar a la hora que está estipulado en el horario”, apunta. 

La lista de obstáculos con los que se encuentra a diario una persona con discapacidad física es amplia. “Las aceras están en mal estado, los vados peatonales no cumplen los porcentajes de pendiente que exige la normativa, el mobiliario urbano se ubica en sitios que no debería, no hay cuidado a la hora de situar las rejillas de alcantarillado, los cubos de basura pueden estar en medio del itinerario peatonal y las mesas de las terrazas o la cartelería de los comercios impiden el libre tránsito”, enumera Remedios. “Los edificios públicos y establecimientos privados se tenían que haber adaptado a la normativa el pasado 4 de diciembre de 2017, como fecha límite, y casi ninguno está adaptado, y los pocos que lo han hecho no cumplen completamente con la normativa”, expone. 

Una persona con movilidad reducida, resalta, “no puede ir a trabajar, ni a un centro médico, ni al Hospital, ni a la playa, porque nada está adaptado, y estamos hablando de ciudadanos que quieren tener independencia y moverse con libertad, pero se encuentran a diario con obstáculos arquitectónicos y en el transporte”. “Un día les puede apetecer ir a la playa y no tienen por qué estar limitados a las tres horas de baño que se les imponen, eso no es justo”, subraya. “Las personas con movilidad reducida, si viven en un entorno que no está adaptado, tienen una gran dependencia de sus allegados y eso se sufre en el entorno familiar”, añade. 

“La normativa dice que si una obra es inaccesible hay que hacerla de nuevo, y se establecen sanciones, la ley es clara en todos los aspectos, pero lo que ocurre es que esas sanciones no se aplican”, se queja. 

La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma “está para asesorar y nos pueden preguntar; ahora ya nos consultan bastante, aunque quizás menos de lo que se debería, pero no sabemos si esa consulta llega a buen puerto, si finalmente se adapta la infraestructura inaccesible”, concluye.