La ruta migratoria canaria, la más mortal de Europa, arrastra 1.851 muertes este año

Rescate de uno de los migrantes fallecidos en el naufragio de Órzola, Lanzarote

Natalia G. Vargas

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Era de noche y los vecinos de Órzola, un pequeño pueblo pesquero al norte de Lanzarote, comenzaron a escuchar gritos. Una patera en la que viajaban 37 inmigrantes que partieron de Marruecos se había hundido. Los supervivientes pedían auxilio y los habitantes de este lugar no dudaron en lanzarse al mar a rescatarlos. Después de horas de búsqueda, los equipos de emergencia lograron recuperar ocho cadáveres. Estas son ocho de las 1.851 personas que han muerto este año intentando alcanzar Canarias, según los datos presentados este martes por el colectivo Caminando Fronteras. En todo el país se han contabilizado 2.170 víctimas en las cuatro rutas activas de acceso al estado español en 88 naufragios, 45 de ellos en la ruta canaria, que se legitima como “la más peligrosa y mortal”.

Del total de personas que han perdido la vida en el mar, solo se ha recuperado un 5% de los cuerpos. Así, 2.082 migrantes están desaparecidos en el mar. “Se trata de los peores datos desde que comenzamos nuestro monitoreo y somos conscientes de que las víctimas pueden ser muchas más”, explicó la fundadora del colectivo, Helena Maleno.

En 2019, Caminando Fronteras contabilizó 893 muertes, lo que supone que este año la mortalidad en las fronteras españolas ha aumentado un 143%. “Desde los Ministerios se pone siempre el foco en el aumento de llegadas, pero nunca se presta atención al aumento anual del coste en vidas humanas”, subrayó Maleno. Entre las personas que han fallecido rumbo al Archipiélago hay “nacionalidades que llaman la atención por la lejanía de los territorios”. El colectivo ha identificado desapariciones de nacionales de Bangladesh, Sri Lanka y las Islas Comoras. En el conjunto de las fronteras españolas han muerto personas de quince países, entre ellos Senegal, Camerún, Guinea Bissau, Mauritania, Marruecos o Argelia.

A la ruta canaria, que suma el grueso de las víctimas, le siguen la ruta de Argelia (231), la de Alborán (62) y la del Estrecho (26). De este modo, la vía atlántica presenta una tasa de mortalidad del 32,1%. Tres de cada diez personas que la cruzan, mueren. Así lo revela el monitoreo que ha realizado Caminando Fronteras a partir de un trabajo de terreno hecho en colaboración con las comunidades migrantes y las personas que buscan a sus familiares. Pese a la opacidad que plantean las rutas, el colectivo ha documentado muertes y desapariciones con el teléfono de alertas para la defensa del derecho a la vida en el mar y la gran cantidad de búsquedas impulsadas por familiares que han perdido a sus seres queridos en la frontera. “Pese a las dificultades que enfrentan por ello, siguen pidiendo saber la verdad”.

Víctimas evitables e invisibles

Caminando Fronteras ha denunciado la falta de información oficial sobre las víctimas de las fronteras. Helena Maleno ha señalado la falta de proactividad por parte de los distintos estados para mostrar estas muertes, descritas como “evitables”. “Al contrario, parece que quieren que sean invisibles”, apuntó la activista. También víctimas son las familias de las personas desaparecidas y fallecidas, que no tienen ningún punto al que acudir para recibir información, ni en los países de origen, ni en los de tránsito, y tampoco en los de destino, por lo que se ven obligados a acudir a organizaciones sociales. “Están surgiendo también redes que engañan a las familias y les cobran por darles esperanza. Les dicen que sus familiares están bien y que pronto recibirán noticias de ellos”, apuntó Maleno.

Las familias de quienes emprenden su viaje en pateras o cayucos hacia España sufren, según el colectivo, “criminalización y estigmatización”. “Muchas personas que viven en Europa sienten miedo de denunciar una desaparición. Se sienten señaladas y creen que las autoridades las van a acusar de contribuir a la inmigración ilegal”, explica la fundadora. Maleno ha puesto el ejemplo de Mamadou Lamine Faye, un pescador senegalés condenado a dos años de cárcel por haber permitido que su hijo de 14 años se subiera a un cayuco. El menor emprendió la ruta canaria con el objetivo de llevar una vida mejor en Europa, pero falleció en la travesía.

Este año, 33 embarcaciones se han hundido con todos sus ocupantes en el interior. “Cuando la patera entera desaparece es un vacío terrible y hay un impacto terrible en las familias. Un impacto que luego no es aliviado por las informaciones oficiales, porque no hay”.

Causas de los movimientos de personas

La pandemia de la COVID-19 ha sido uno de los principales motivos que ha forzado la expulsión de poblaciones de sus territorios por el empobrecimiento de los mismos. Es el caso de Marruecos y Argelia. Helena Maleno también ha citado las guerras, la inestabilidad política en Malí, y los acuerdos de pesca y las políticas neocoloniales que hacen que Europa entre en el expolio de los recursos naturales de los países de origen.

Caminando Fronteras considera un error priorizar el control migratorio frente al derecho a la vida, que se ha visto reflejado en el “desmantelamiento y la precariedad de los servicios de salvamento marítimo y la falta de coordinación entre ellos”. “Al final todos los Ministerios están atravesados por el control de fronteras, es decir, por el Ministerio del Interior”, valoró Maleno. El colectivo ha detectado también “laxitud” ante las llamadas de auxilio, tardando hasta seis horas en proceder al rescate incluso cuando las embarcaciones proporcionaban datos sobre la posición donde se encontraban. “En algunos casos, la demora ha provocado muertes evitables”.

A Helena Maleno no le ha sorprendido el plan de choque contra la inmigración clandestina hacia Canarias planteada por el Gobierno de España. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, anunció en noviembre medidas extraordinarias para frenar las llegadas de pateras y cayucos a las islas. Estas pasan por el despliegue de medios marítimos y aéreos en el mar. “Vamos a contar con dos buques oceánicos, una patrullera de altura, un avión, un helicóptero y una embarcación sumergida”, anunció Darias. “El objetivo de este plan no es velar por el derecho a la vida, sino que es un ejemplo más de la militarización de las fronteras y un intento de disuasión. Hay empresas que ganan dinero con las muertes”, concluyó.

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