CCOO carga contra la “vergonzosa gestión” del Gobierno de Canarias sobre los menores migrantes

CCOO Canarias ha denunciado “con firmeza” este viernes la “total irresponsabilidad” del Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y el PP) en la gestión de la atención a los niños y niñas migrantes no acompañados que están bajo su tutela. El sindicato tacha la situación de “gravísima” después de que un juez ordenase este jueves cerrar un centro de acogida en Gran Canaria en el que se atendía a 148 menores, y la detención de dos de sus directivos.

“Actuaciones judiciales, detenciones, registros policiales y centros clausurados por negligencias que afectan directamente a menores en situación de extrema vulnerabilidad”, recuerda CCOO, que cita el artículo 39 de la Constitución: “Los poderes públicos deben asegurar la protección integral de los menores”.

Sin embargo, añade, “el Gobierno de Canarias ha convertido esta responsabilidad en un mercado, adjudicando la gestión de centros a entidades inadecuadas, sin los controles necesarios ni exigencias mínimas de calidad ni ética”.

Mientras se multiplican las denuncias por racismo, xenofobia y desprotección, la administración sigue sin actuar, denuncia la organización. Además, critica que Coalición Canaria no haya presionado a su socio de gobierno, el Partido Popular, para facilitar el realojo de menores en la Península. “Canarias no puede seguir soportando sola esta carga, ni convertirse en una isla-custodia sin garantías para la infancia”, expone. “Los niños y niñas no son mercancía ni cifras presupuestarias. Son sujetos de derecho y merecen una protección real y efectiva, no solo en los discursos”, sentencia.

Por ello, el sindicato exige una auditoría urgente de todos los centros de menores extranjeros en el archipiélago, así como de los criterios técnicos y políticos que han permitido adjudicar su gestión a organizaciones “cuestionables”. Cabe recordar que la ONG (Quórum77) que gestiona el centro clausurado este jueves también gestionaba otro centro que también fue cerrado el pasado mes de mayo tras denuncias de malos tratos a los niños internos. Pese a ese precedente, ha seguido al frente de otras instalaciones similares.

CCOO reclama también explicaciones públicas inmediatas al Gobierno de Canarias, así como un plan de choque con medidas efectivas de control, inspección y calidad. “No basta con declaraciones vacías: es hora de actuar. Proteger a la infancia no es una opción. Es una obligación constitucional”, concluye.

Al respecto del cierre del centro, Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario, alegó este jueves tras conocer la noticia que “con tantos menores y durante tanto tiempo” es difícil que los controles sirvan. Clavijo agregó que su Gobierno colaborará para que se esclarezcan todos los detalles del caso.

También apuntó que su Ejecutivo llevaba “mucho tiempo advirtiendo de que estas circunstancias podían ocurrir”, pese a lo cual, no evitó que ocurriera aunque ya había un precedente con esta misma ONG hace solo dos meses.

En respuesta a estas declaraciones de Clavijo afirmando que se producen delitos en los centros para menores inmigrantes porque están saturados, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha reaccionado este viernes calificándolas de “temeridad”.

Torres ha admitido que “objetivamente” los centros de acogida de menores inmigrantes de Canarias están saturados, pero ha defendido que no se debe atribuir a ello, sin más, lo ocurrido en el centro de Arinaga que gestionaba la asociación Quórum Social 77, porque se desconocen los detalles de lo que investiga el Juzgado, al haber secreto de sumario.