Desarticulada en Gran Canaria una organización que se lucraba regularizando a personas migrantes con documentos falsos

La Policía Nacional ha detenido en Gran Canaria a cuatro personas por su supuesta pertenencia a una organización criminal que regularizaba la situación de personas migrantes con documentos falsos.

Un comunicado policial informa que los detenidos, de los que tres han ingresado en prisión, al parecer alojaban a las personas migrantes en inmuebles ubicados en la isla que se encontraban bajo circunstancias no aptas para ser habitados y que no tenían las mínimas condiciones de salubridad ni higiene.

El entramado obtuvo unos beneficios que ascendieron a más de 250.000 euros en total y, según la Policía, los implicados recibían información de otras organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas acerca de las salidas de embarcaciones desde Marruecos.

La policía explica que la organización se dividía en dos ramas diferenciadas, una asentada en Marruecos y la segunda en España y sus integrantes se encargaban de la recepción de los migrantes que venían en embarcaciones desde Marruecos y arribaban en Gran Canaria, gestionaban la manutención y su traslado a la península.

Los implicados se distribuían las diferentes funciones de piloto de embarcación, intermediario o responsable del cobro de dinero.

Los miembros asentados en España gestionaban los trámites necesarios para adquirir las tarjetas de embarque y salir de la isla y además se encargaban de recibir los pagos para los traslados y de controlar los inmuebles donde alojaban a los migrantes.

Según la Policía, la red recibía información de organizaciones criminales que se dedicaban al tráfico de personas y éstas les indicaban cuándo partían las embarcaciones desde Marruecos con destino a España y los datos de las personas que habían pagado por adelantado el alojamiento en España.

Una vez llegaban a Gran Canaria los trasladaban a la Península u a otro país europeo dependiendo de la cantidad de dinero que aportaran y para ello, al parecer, utilizaban inscripciones de nacimiento y certificados de empadronamiento falsificados para regularizarlos.

Los integrantes de la rama criminal establecida en España cobraban a cada migrante entre 250 y 400 euros, lo que dependía del lugar y trayecto de traslado e incluía su alojamiento y manutención además del viaje a la península pero si el tráfico migratorio se debía hacer por vía aérea la cifra podía aumentar hasta los 4.000 euros.

A los detenidos, que fueron localizados en los municipios de Arucas y Las Palmas de Gran Canaria, se les atribuyen tres delitos.