La Justicia descarta que la Policía discriminase a un joven marroquí por impedir su viaje a la Península desde Canarias

El caso de Ashraf (nombre ficticio) supuso el primer golpe a la política de bloqueo del Ministerio del Interior, que retuvo durante meses en Canarias a decenas de migrantes que intentaban viajar a la Península. El joven marroquí, con su pasaporte en vigor, fue detenido el 11 de diciembre de 2020 por la Policía Nacional en el aeropuerto de Gran Canaria junto a otras 21 personas en su intento de desplazarse a Barcelona. Su caso fue llevado a los tribunales por parte de dos abogados, y entonces la Justicia le dio la razón.

El juez Ángel Teba reconoció en un auto que el pasaporte o la solicitud de asilo eran documentos suficientes para que las personas pudieran desplazarse por el territorio nacional con libertad. Sin embargo, este 6 de septiembre una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas resuelve que la Policía no vulneró los derechos fundamentales de Ashraf porque, en este caso, sí se le impidió viajar debido a las restricciones de movilidad ligadas a la pandemia, pues su destino, Catalunya, estaba entonces cerraoa perimetralmente.

Así, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, desestima el recurso presentado por los abogados de Ashraf, y destaca que las razones del marroquí para volar no se correspondían con las excepciones previstas por la Generalitat de Cataluña para entrar a la comunidad autónoma.

El magistrado David Lorenzo González recoge en el documento el testimonio de un agente de la Policía Nacional que formaba parte del dispositivo en materia de COVID-19 establecido en el aeropuerto de Gran Canaria. Según el policía, llevó a cabo “personalmente” la verificación de los requisitos para volar de todos los pasajeros, “sin excepción”. También el agente asegura haber examinado la documentación que presentaban para justificar el desplazamiento. Como consecuencia de las comprobaciones, entre diez y veinte pasajeros fueron rechazados.

De ellos, dos fueron detenidos por presentar tarjetas de familiar de ciudadano de la Unión Europea aparentemente falsas, pero el agente no precisó en sus declaraciones si alguno de ellos era Ashraf. Recogiendo la declaración del policía, el juez descarta que el marroquí fuera uno de los dos detenidos.

En declaraciones ofrecidas a elDiario.es, Ashraf recuerda cómo la policía miró su pasaporte cuando estaba en la fila para embarcar. “Un policía me preguntó si tenía visado. Le dije que no y me pidió que esperara, junto a otros marroquíes”. Fue entonces cuando su avión despegó. Después, los agentes lo trasladaron a comisaría. Allí pasó dos noches en el calabozo hasta quedar de nuevo en libertad.

Meses de bloqueo con la pandemia como excusa

Durante el último trimestre de 2020, Interior frustró el intento de llegar a la Península por sus propios medios de decenas de personas migrantes utilizando la pandemia como excusa. Aprovechando los controles sanitarios, el departamento de Fernando Grande-Marlaska reforzó los controles policiales en los aeropuertos canarios. El propósito era bloquear el libre tránsito de personas llegadas en pateras y cayucos a las Islas, a pesar de que los migrantes en situación administrativa irregular tienen derecho a moverse libremente por el territorio nacional mientras no se ejecute su orden de devolución. Muchos migrantes también encontraban obstáculos cuando trataban de volar a comunidades autónomas donde no se había declarado un cierre perimetral, tal y como pudo documentar entonces esta redacción en diferentes aeropuertos del Archipiélago.

El auto que establecía que el pasaporte y la solicitud de asilo son documentos suficientes para trasladarse no sentaba jurisprudencia, pero dio herramientas a varias personas y voluntarios para ir a los aeropuertos y exigir a los agentes que se respetara su derecho a desplazarse. Si bien, esto no impidió que muchos jóvenes tuvieran que enfrentarse a aluviones de preguntas de los agentes que personas locales no tenían que atravesar, tal y como documentó Canarias Ahora. Los migrantes tenían que extender todos sus documentos en una mesa situada en el control de seguridad, para que fueran supervisados minuciosamente por la Policía.