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Varios menores migrantes del centro denunciado en Gran Canaria serán reubicados

Adolescentes migrantes en un centro para menores tutelados en España.

EFE

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Según el informe elaborado por un equipo de inspección de la Dirección de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, desplazado el domingo al centro de menores de Tafira denunciado por supuestos malos tratos, concluye que varios de los residentes serán reubicados próximamente.

El expediente abierto por dos técnicas de la Dirección General “revela incidentes durante los días previos a la fuga de los adolescentes que hicieron necesario el refuerzo de educadores por parte de la entidad”. Asimismo, han apuntado, el Ejecutivo autonómico “trasladará a otros recursos alojativos a algunos de los chicos para mejorar la convivencia” en el centro, según han informado a EFE fuentes del departamento regional.

La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias también ha apuntado que continuará actuando en el centro “en función de lo que determine la justicia”.

El pasado viernes, doce menores acogidos en dicho centro de la capital grancanaria presentaron denuncias que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria por presunto maltrato e incluso “posibles tocamientos en el despacho del director”, según adelantó el periódico 'La Provincia' en su edición del domingo.

La ONG Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que gestiona el recurso, está siendo investigada por otro juzgado de la capital grancanaria después de que Fiscalía Anticorrupción se querellara contra ella a finales de mayo al detectar la posible comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y/o malversación de caudales públicos en la gestión de los fondos públicos que obtenían del Ejecutivo autonómico para atender a los menores migrantes.

Igualmente, directivos y personal de Fundación Respuesta Social Siglo XXI están siendo investigados por otro juzgado de San Bartolomé de Tirajana, al sur de Gran Canaria, por posibles delitos de abandono de familia, omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos de lesiones por una serie de incidentes en otro recurso que gestionaron durante el anterior repunte migratorio de 2020.

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