El Parlamento Europeo condena la utilización de menores por parte de Marruecos en la crisis diplomática de Ceuta

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución contra la ofensiva diplomática lanzada por el Reino de Marruecos durante los días 17 y 18 de mayo en su frontera con Ceuta. El Gobierno marroquí tomó la iniciativa de fomentar el cruce irregular de miles de personas, dando órdenes directas a sus guardas de fronteras para no actuar. A través de esta resolución, adoptada el pasado jueves, se persigue condenar la violación del Convenio de la Organización de Naciones Unidas referente a los derechos de los menores. La decisión de la Eurocámara reprueba de forma tajante la instrumentalización de la población migrante, especialmente de niñas y niños, en el contexto de una crisis diplomática que ha derivado en la vulneración de sus derechos. De esta forma, el Parlamento ha mostrado un apoyo directo y sin matices al Estado español, al reiterar en diferentes ocasiones que la frontera entre Marruecos y Ceuta es una frontera exterior europea, cuya gestión debe realizarse en virtud de los principios de confianza y respeto mutuo que rigen la relación de cooperación entre la UE y sus países vecinos. Además, los eurodiputados han convenido en expresar que cualquier violación de la integridad territorial de España está en contra del derecho internacional y de los valores europeos y, por ende, no será tolerada.

Más allá, el Parlamento urge a la Comisión a encauzar de nuevo las negociaciones con Marruecos con vistas a concluir un acuerdo de cooperación en materia de readmisiones. Dichas negociaciones llevan en curso más de diez años, con un resultado poco halagüeño: el encallamiento del proceso como resultado de la negativa del Ejecutivo marroquí. La posición del Reino de Marruecos es estratégica en este sentido, mantener a la UE como un aliado lejano, lo que le permite ejercer presión para obtener ventajas financieras y económicas en virtud de su rol de “guardián de frontera”, al tiempo que no se compromete bajo un tratado internacional que le obligaría a responsabilizarse de la población que zarpa desde sus costas hacia Europa.

Al mismo tiempo, ante la situación producida en Ceuta, queda claro que profundizar en el modelo de externalización de fronteras y los acuerdos de readmisión de nacionales de terceros estados pone en peligro la vida de la población migrante, sin garantizar, además, un control efectivo de los flujos irregulares. Además, ceder la gestión de las fronteras externas a otros países vulnera los principios del derecho internacional y europeo en materia de asilo y refugio, comprometiendo los valores del proyecto europeo. Este modelo de Europa fortaleza no solamente está caduco, sino que además no es funcional para garantizar vías seguras que permitan la movilidad legal.

Un fondo de emergencia

Uno de los puntos centrales de esta resolución es la apelación directa que hace la Eurocámara para el establecimiento de un fondo de emergencia para gestionar la situación en Ceuta, incluyendo un aumento en las capacidades de acogida para menores no acompañados. No es la primera vez que se debate en el seno del Parlamento Europeo la necesidad de poner en marcha fondos específicos para dar apoyo a las regiones que reciben mayor presión migratoria. En marzo el Presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, acudió a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento para poner en valor las necesidades específicas del archipiélago tras haber recibido a más de 23.000 personas a lo largo de 2020 sin contar con el apoyo financiero necesario para garantizar una acogida digna.

El problema fundamental de la financiación que proviene de la UE en materia de gestión de la migración es que precisamente toman la forma de los llamados “fondos de emergencia”. La ayuda canalizada a través de este modelo debe ser solicitada por el gobierno central, lo que retrasa el proceso, además de complejizarlo. Más aún, a la vista de que la migración es un fenómeno estructural, histórico y en continua evolución, los mecanismos coyunturales (de crisis o de emergencia) no atajan de forma transversal los elementos que interfieren en todo el proceso. De ahí que el establecimiento de un fondo específico destinado a las regiones que forman parte de la frontera externa de la UE se perfile como la solución política que ofrece mayores garantías para una actuación temprana, coordinada y eficiente.

A pesar de que la resolución no tiene carácter vinculante, sí que determina el posicionamiento político de uno de los tres grandes pilares del sistema político comunitario. Además, sirve para introducir nuevos elementos en la agenda pública de la UE y apela directamente a la acción solicitando a la Comisión adoptar determinadas medidas. Si bien era de esperar que la institución que representa a los ciudadanos europeos adoptara una perspectiva de censura respecto a las actuaciones del Gobierno marroquí, esta resolución podría abrir las puertas a una revisión interna de los modelos de política exterior migratoria de la Unión.