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Proteger a los menores migrantes y agilizar los traslados: los retos del reparto que Canarias pacta con el Estado

Imagen de archivo de dos menores en un centro de acogida de Canarias

Natalia G. Vargas

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La red de acogida de menores no acompañados de Canarias se ha mostrado insuficiente en los últimos años. “Ha habido momentos en los que no había ni literas”, confesó el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francisco Candil. Desde 2020, cada vez son más los niños y jóvenes que atraviesan solos el Atlántico en pateras y cayucos. El Ejecutivo autonómico ha abierto decenas de dispositivos de emergencia por todas las islas y no ha dejado de pedir auxilio al Estado y al resto de comunidades. Tras años de reivindicaciones, el Gobierno central trabaja para reformar la Ley de Extranjería y evitar que Canarias asuma sola la tutela de todos los jóvenes que llegan a las Islas. 

Después de varias propuestas, el Estado hará una modificación del artículo 35 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social por ser la “fórmula más garantista”. Según fuentes próximas a esta reforma, se incluirá en la norma el procedimiento a seguir en casos de llegadas excepcionales de menores migrantes, como el episodio que ha atravesado Canarias en los últimos años.

En la actualidad, el Archipiélago tutela a 5.500 niños y adolescentes sin referentes familiares. “La primera opción siempre será la colaboración solidaria de las comunidades. En caso de que esa voluntad no salga adelante, el Estado podrá intervenir en función de unos parámetros acordados previamente con las autonomías”, señalan estas fuentes. Aún se están definiendo los criterios de reparto, pero se prevé que estén concluidos después de Semana Santa. 

Este miércoles, todos los grupos representados en el Parlamento de Canarias apoyaron la reforma de la Ley. Solo Vox se opuso. El partido de extrema derecha ya ha mostrado su rechazo a la acogida de menores migrantes en las comunidades en las que gobierna.

El portavoz de la formación política, José Antonio Fúster, no solo se ha opuesto a la atención de los niños y jóvenes, sino que ha apostado por expulsiones masivas y en caliente: “Todo el que entra de forma ilegal debe ser expulsado de inmediato”, dijo. Fúster adelantó que intentaría bloquear las derivaciones de menores y de adultos en las regiones en las que gobierna con el PP (Aragón, Castilla y León, Extremadura, Murcia y la Comunidad Valenciana). 

Escuchar a los menores 

Más allá de aliviar la saturación del sistema de acogida, las organizaciones especializadas en infancia apuestan por no perder de vista el interés superior de los menores. La directora de Incidencia Social y Política de Save The Children, Catalina Perazzo, insiste en que lo importante no es el número total de niños y niñas tutelados, sino las condiciones de la acogida. “Tú puedes trasladar a los menores no solo porque la comunidad esté saturada, sino por su interés superior. Por ejemplo, cuando el niño o la niña tiene familiares en otros puntos del país”, explica.

“Puede haber niños y niñas cuyo interés sea quedarse en Canarias porque ya llevan muchos años acogidos allí y porque tienen compañeros y compañeras en las islas”, indica. Antes de proceder a la derivación, Save The Children propone que se haga una evaluación individualizada. “Hay que escuchar al niño, saber su opinión y tomar la decisión que le favorezca más”, plantea Perazzo.

“Lo primero que hay que hacer cuando llega es declararlo en desamparo y tutelarlo”, subraya. “También es importante la detección de vulnerabilidades: posibles solicitantes de protección internacional, víctimas de trata, niños con problemas de adicciones o de salud mental… No es lo mismo hacer esto con 500 niños que con 6.000”, dicen desde la organización. 

Las derivaciones de menores no son el único frente abierto del Gobierno de Canarias. Aunque el reparto obligatorio reduzca la presión sobre el sistema de acogida, el Ejecutivo debe seguir velando por la integración de los jóvenes que se queden en el Archipiélago. “Es clave la escolarización, pero también la formación y especialización de los profesionales que trabajan con ellos. Cuando tienes que abrir centros cada semana es muy difícil mantener un nivel o unos estándares de acogida adecuados”, valora Perazzo. 

Menores derivados como adultos

Los fallos en la identificación de los supervivientes han empujado a menores al sistema de acogida para adultos. Es el caso de Abdou, un niño gambiano que asegura tener 14 años y ha pasado semanas en la calle sin protección. Aunque sus documentos están verificados por la Embajada de Gambia, la Fiscalía duda de su veracidad. El menor llegó en patera a Canarias y, a pesar de su “evidente aspecto de menor de edad”, fue tratado como un adulto hasta quedar en situación de abandono, tal y como ha publicado elDiario.es.

Según los últimos datos obtenidos por este periódico, al menos 1.000 menores están pendientes de una prueba de determinación de la edad en Canarias. En algunos casos, son las propias entidades responsables de los centros de adultos las que detectan menores en sus instalaciones. En estos casos, la Fiscalía debe realizar una evaluación. “Siempre llamamos a los menores, los escuchamos y les preguntamos por sus documentos. Valoramos incluso las fotos que les mandan a los teléfonos móviles. Las pruebas médicas son siempre la última opción”, explicó la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García. 

“Ante la duda debe haber presunción de minoría de edad. Las organizaciones de infancia consideramos que las pruebas de determinación de la edad tienen que ser un último recurso, porque son invasivas”, añade Catalina Perazzo. La responsable de Save The Children apunta a la importancia de aceptar la documentación que presentan los menores. “La mayoría viene de países con los que tenemos relaciones diplomáticas y podemos pedir su documentación”, sostiene. 

La fiscal de Extranjería de Las Palmas también es partidaria de que se agilicen los traslados a la Península de los menores, pero insiste en la importancia de  determinar su edad en Canarias antes de ser reubicados. “Si no, sería un desastre. Si los mandamos sin la edad determinada pierden totalmente la protección porque los perdemos de vista”, concluyó García.

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