Torres recuerda a Díaz Ayuso la obligación “legal” de acoger a menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, Ángel Víctor Torres, ha respondido mediante una carta a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de Madrid, comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso (PP), que el mecanismo de acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados es el establecido por el Real Decreto-ley 2/2025, y recuerda la obligación “legal” por la que “debe seguir aplicándose” mientras se mantenga la situación de contingencia migratoria en territorios de llegada como Canarias, Ceuta y Melilla.

En este sentido, Torres aclara que, si bien el hacinamiento ha disminuido gracias a este mecanismo legal, la contingencia no puede considerarse finalizada mientras estos territorios mantengan una presión migratoria que triplica su capacidad ordinaria de acogida.

El ministro canario destaca que el mecanismo activado para dar una respuesta conjunta en todos los territorios al fenómeno migratorio y poniendo por delante el interés superior del menor, “es un hito histórico que llevan reclamando las comunidades que más presión migratoria padecen”.

Asimismo, subraya que su aplicación ha contado durante los últimos meses con la colaboración y la lealtad institucional de la mayoría de comunidades y ciudades autónomas, “lo que ha permitido avanzar en una respuesta solidaria ante una situación extraordinaria. Se ha hecho con absoluta normalidad y, al contrario de lo que auguraban algunos, se está llevando a cabo sin que se hayan producido alteraciones de la convivencia”.

Ángel Víctor Torres recuerda que la Comunidad de Madrid está gobernada por la misma fuerza política que lidera en Ceuta y Melilla, el PP, y que cogobierna en Canarias, y añade que “es el Gobierno de España quien más está apoyando a estas comunidades. Los compañeros de Díaz Ayuso que gobiernan en esos territorios en contingencia deberían exigir explicaciones a la Comunidad de Madrid sobre su negativa y por qué pone tantos impedimentos a un sistema que está permitiendo aliviar el hacinamiento y mejorar la vida de esos niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”.

En la carta el ministro critica que el pasado 26 de marzo tuvo que aplazarse temporalmente el traslado de siete menores procedentes de Ceuta tras alegación de la Comunidad de Madrid indicando que no procedía su ejecución.

Ante esa situación, la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Madrid concluyó un día más tarde que, las resoluciones de traslado y reubicación son actos administrativos válidos y ejecutivos y que no concurrían circunstancias que justificaran su suspensión.

Por este motivo, el ministro recuerda a la Comunidad de Madrid que dichas reubicaciones “cuentan con respaldo jurídico y deben ejecutarse conforme a lo establecido por la ley”.

Así, Torres insiste en que todas las actuaciones se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las administraciones implicadas y, especialmente, el pleno respeto a los Derechos Humanos y al principio del interés superior del menor.

Por esa razón ha reiterado su disposición al diálogo y a la cooperación institucional con todas las comunidades autónomas para asegurar una respuesta “eficaz, legal y centrada” en la protección de los menores.