Cepsa patrocinó el curso de Garzón porque en 2005 estaban amenazados por ETA
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El que fuera presidente de Cepsa hasta hace dos años, Carlos Pérez de Bricio, ha manifestado ante el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena que aunque él no fue el encargado de decidir que la compañía patrocinara en 2005 uno de los cursos dirigidos por el juez Baltasar Garzón en la Universidad de Nueva York, el contenido del mismo les pareció interesante porque versaba sobre terrorismo y seguridad y ellos estaban “amenazados por ETA”, según señalaron fuentes presentes en la declaración.
Pérez de Bricio había sido citado ante el alto tribunal en calidad de testigo para que aclarara una donación de 100.000 dólares que la compañía destinó a un centro de leyes de la Universidad de Nueva York que realizó unas conferencias organizadas por el juez Baltasar Garzón.
El ex directivo reconoció que Garzón le hizo llegar una carta en la que la directora del centro, Karen Greenberg, ponía en conocimiento de la empresa española el proyecto de conferencias y su presupuesto.
No obstante, manifestó que él no conocía de nada al juez, a pesar de que en su carta Garzón aludía a la amistad común que ambos compartían de un tal Ángel, que según la acusación popular podría tratarse del ex vicepresidente del Santander Ángel Corcóstegui. En este punto, Pérez de Bricio señaló que no mantenía relación con Corcóstegui desde 2002, y que aunque le conocía no podía considerarle su amigo.
A preguntas del instructor, el ex presidente del Santander señaló que cuando recibió la carta de Garzón él se limitó a pasarla a la sección de patrocinios de la compañía, y que los encargados de dar el visto bueno a la donación y de fijar su cuantía fueron los empleados de esta sección Carlos Alcázar y un tal señor Hidalgo.
CARTA DE GARZÓN.
En su breve misiva, fechada el 12 de diciembre de 2005, Garzón se dirigía al directivo como “estimado Carlos” y se limitaba a adjuntar la carta de Greenberg, agradeciéndole de antemano su interés en el proyecto. “Espero que al igual que lo han hecho otras entidades (BBVA, Caixa Cataluña, Telefónica y Endesa) puedas contribuir a la iniciativa”, finalizaba la nota.
En su respuesta a Garzón, Pérez de Bricio anunciaba que había dado instrucciones para la donación y describía las conferencias como “un trabajo de gran interés” y una “notable aportación de principios y métodos con los que intentar erradicar el terrorismo”. Por su parte, Alcázar mandó una carta a Greenbreg informándole de la donación que iba a efectuarse.
La comparecencia de hoy se produce después de que el pasado 26 de mayo testificara en esta causa el vicepresidente segundo y consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, quien negó conocer ningún detalle del patrocinio que esta entidad bancaria y también Cepsa, participada entonces por el Santander un 35,9 por ciento, prestó a los cursos dirigidos por el juez de la Audiencia Nacional.
El pasado 19 de enero también declaró en esta causa el presidente del Santander, Emilio Botín, quien aseguró ante el magistrado instructor del Supremo que su entidad bancaria “jamás” entregó dinero a Garzón por dirigir los cursos ni trató ninguna cuestión económica con él, ya que las conversaciones sobre el patrocinio se mantuvieron entre la Universidad y el director del Santander en Estados Unidos, que en esos momentos era Gonzalo de las Heras.
Los letrados querellantes, José Luis Mazón y Antonio Panea, sostienen que Garzón gestionó y obtuvo 302.000 dólares del Banco Santander para el patrocinio de sus conferencias y la escolarización de su hija y relacionan los cobros con el archivo por su parte, tras su regreso a la Audiencia Nacional, de una querella que se había presentado contra Botín y otros directivos de la entidad por el caso denominado “caso de las cesiones de crédito”.
Por lo que se refiere a Cepsa, Mazón y Panea consideran que los 100.000 dólares que han sido reconocidos por la compañía de carburos como donación para las conferencias suponen una “cuantía sustancialmente coincidente” con los honorarios percibidos por el querellado en el periodo de marzo a diciembre de 2005.
Las declaraciones de testigos proseguirán el próximo 10 de junio con la comparecencia de la directora adjunta del Centro Rey Juan Carlos, Laura Turégano.
