El Congreso planteará medidas para evitar el bloqueo del Poder Judicial
Todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a excepción del PP, plantearán establecer una serie de medidas legales que a partir de la próxima legislatura eviten situaciones de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así lo anunció este miércoles el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Diego López Garrido, en el transcurso de una conferencia de prensa con la asistencia de los portavoces de los demás grupos parlamentarios, menos el del PP. Los populares se negaron de nuevo a asistir a la reunión que los grupos mantuvieron este miércoles para negociar la renovación del CGPJ.
A la vista de la nueva negativa del PP, el resto de los grupos adoptaron una serie de decisiones, como el estudio de una serie de medidas de “carácter legal” que eviten un “escándalo” como la imposibilidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces, declaró López Garrido. Tales medidas comenzarán a estudiarlas los grupos la próxima semana, con motivo de la celebración de una nueva reunión para intentar la renovación del CGPJ y a la que también convocaron al PP.
Ninguno de los portavoces parlamentarios adelantaron en qué podrían consistir dichas iniciativas, si bien remarcaron que antes que revelarlas por separado, conviene ponerlas en común y lograr así el máximo acuerdo político. Está descartado que alguna de esas medidas pretenda retocar la mayoría cualificada que la Constitución establece para proceder a la renovación del CGPJ.
El portavoz socialista, quien no reveló en qué podrían consistir tales medidas, aclaró que “es difícil” que en lo que resta de periodo de sesiones, el último de la legislatura, puedan adoptarse iniciativas en esa dirección. Para lo que sí queda tiempo, y en esto coincidieron los portavoces de los demás grupos, es para obtener un “acuerdo político” que dé lugar a la renovación del CGPJ, siempre y cuando el PP recupere la “sensatez”, lo que parece “remoto”, admitió López Garrido.
Con todo, los grupos no quieren caer en la “dejación de responsabilidades” e intentarán atraer al PP al acuerdo “hasta el último minuto”. Asimismo, los grupos reunidos resolvieron este miércoles enviar una comunicación formal a las asociaciones judiciales y al propio CGPJ para informar de la situación que vive el Parlamento, donde el PP bloquea la renovación del órgano de gobierno de la judicatura y desacata la Constitución, señaló el portavoz del PSOE.
Los 'populares' piden una confesión jurada
Por otro lado, el PP afirma que el escrito en el que seis magistrados del Tribunal Constitucional desmintieron la información periodística en la que esta formación se basó para recusar a tres de ellos es “falso” y solicita que los firmantes del documento hagan una “confesión jurada” sobre esta cuestión. Así lo expone el PP en las alegaciones sobre la carta en la que los seis magistrados, entre los que había dos del sector conservador, desmentían la noticia de El Mundo en la que este partido se basó para recusar a tres jueces en su recurso contra la Ley Orgánica de esta institución (LOTC) que prorrogó el mandato de la presidenta María Emilia Casas.
El pasado 25 de octubre, el PP recusó a Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps basándose en una información publicada el día anterior por El Mundo en la que se aseguraba que éstos “se mostraron partidarios de la reforma de la LOTC” en una reunión convocada por Casas el pasado 12 de junio. Días después, todos los asistentes a la reunión -los cuatro citados, del sector progresista, más los conservadores Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas- decían en una carta: “lo hablado por cada uno de nosotros (...), sin carácter jurisdiccional ni gubernativo, no se corresponde en ningún extremo con lo que se indica en la información recogida en el diario El Mundo”.
Ahora el PP dice que el escrito de los magistrados “ha devenido falso”, y lo hace basándose en una segunda carta, firmada por Rodríguez Arribas, en la que éste reiteraba su desmentido afirmando: “corresponde a la verdad que, contra lo expuesto en la noticia del periódico, en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la Ley reformadora de la LOTC”. Sin embargo, este magistrado señalaba también que en la citada reunión él propuso la dimisión de la presidenta Casas y del vicepresidente Jiménez -cuyo mandato también fue prorrogado por la LOTC- y que se convocara un pleno para ratificarles en sus cargos.
Así, el PP interpreta que la reunión “no versó formalmente sobre la constitucionalidad de la Ley impugnada, pero sí sobre la cuestión de fondo de la que la Ley trae causa y que el recurso principal plantea, a saber: cuál era el mecanismo más adecuado para proceder ante el término del mandato de la presidenta y el vicepresidente”. Por ello el PP solicita “anular cualquier eficacia de dicho documento, al haber sido suscrito por dos magistrados abstenidos (Casas y Jiménez), desmentido su contenido por otro de los firmantes (Rodríguez Arribas) y preconstituir prueba en claro perjuicio de los derechos procesales de esta parte”.
Además pide que se tome declaración, “en confesión jurada”, a Casas, a los tres magistrados recusados por este partido (Aragón, Sala y Pérez Tremps) y a Rodríguez Arribas “sobre el contenido de la reunión”. El PP, sin embargo, no pide la declaración del conservador Guillermo Jiménez, pese a que también asistió al encuentro y firmó junto a los otros el desmentido.
Igualmente este partido alude también en su escrito a unas manifestaciones de Casas sobre “los intentos intolerables de desestabilizar el Constitucional”, pronunciadas por la presidenta el pasado día 15 durante una conferencia en Pamplona, y le insta a guardar silencio. Aunque Casas no citó al PP, éste señala en sus alegaciones: “nos vemos obligados a decir, como mínimo, que mejor permanezca cuando menos silente y fuera de este proceso”.
