Las demandas de ilegalización de ANV y PCTV llegan al Supremo
La Sala Especial o del artículo 61 del Tribunal Supremo recibirá en los primeros días de la próxima semana las demandas de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del Partido Comunistas de las Tierras Vascas (EHAK-PCTV) formuladas por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado.
Las demandas se basan en los informes policiales entregados el pasado martes al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que en conjunto ocupan casi 2.500 folios y en los que se constata la “tutela” económica y política que la ilegalizada Batasuna ejerce sobre ambas formaciones.
La Fiscalía General del Estado utilizará la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos -que prevé que un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos- y alegarán como causa principal la contemplada en el apartado F de dicha disposición: la colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo, en referencia a Batasuna.
En el caso del PCTV también se alegará el abono de las retribuciones de hasta 39 personas vinculadas a Batasuna, entre ellas destacados miembros de la Mesa Nacional, además de la cesión de uno de sus locales, situado en un polígono de San Sebastián, para reuniones clandestinas de los miembros de la formación ilegalizada.
En cuanto a ANV, además de la cooperación “efectiva y reiterada”, se aportará como causa la contemplada en el apartado A del citado artículo: minimizar las acciones de terrorismo y no condenarlas.
El Ministerio Público acompañará sus demandas de una petición de suspensión cautelar de las actividades de los dos partidos, de modo que aunque el procedimiento se prolongue varios meses -la ilegalización de Batasuna llevó seis y medio- se impida a ANV y a EHAK-PCTV concurrir a las elecciones generales del próximo 9 de marzo.
Fuentes de la Fiscalía han informado de que la demanda contra EHAK-PCTV estaba prácticamente ultimada a finales de la semana pasada, mientras que se seguía trabajando en la de ANV, por lo que es previsible que se presenten ante la Sala del 61 en días distintos.
También los servicios jurídicos del Estado están elaborando sus demandas, después de que el pasado viernes el Consejo de Ministros les autorizara a iniciar los trámites para la ilegalización de ANV y de EHAK-PCTV por su presunta vinculación con la ilegalizada Batasuna, ya sea por el procedimiento ordinario o en ejecución de la sentencia que ordenó la disolución de esta última formación.
La autorización faculta también a la Abogacía del Estado para impugnar las candidaturas o agrupaciones electorales que se pudieran presentar vinculadas a cualquiera de los dos partidos, por lo que fuentes del Gobierno consideran que están cubiertas todas las fórmulas susceptibles de ser utilizadas por la izquierda abertzale y se garantiza que no concurrirá a las próximas elecciones.
Estas fuentes aseguran también que si no se ha actuado antes contra ANV y EHAK-PCTV es porque la prueba “fundamental” de su vinculación con Batasuna no se obtuvo hasta el pasado mes de octubre, durante la operación policial desarrollada en Segura (Guipúzcoa) que terminó con la detención de la mayoría de los miembros de la cúpula de Batasuna.
Esa prueba no es otra que el acta de una reunión mantenida el pasado mes de junio en la que se tomaron decisiones sobre la estrategia financiera de ANV, EHAK-PCTV y Batasuna y que revela la existencia de una “caja única” a la que van a parar los ingresos de las tres formaciones, pero sobre la que sólo la ilegalizada tiene capacidad de decisión.
Entre los documentos que se aportarán figura asimismo un manifiesto suscrito por Batasuna y ANV en el que dicen ser, “hoy por hoy, las dos organizaciones políticas de la izquierda abertzale” y explicitan su compromiso de “mutuo respeto, reconocimiento y trabajo en común para conseguir los objetivos de la independencia y el socialismo para nuestro pueblo”.
Con independencia del procedimiento establecido en la Ley de Partidos, la Fiscalía instará también en la vía penal la suspensión de actividades de ANV y de EHAK-PCTV.
La solicitud se planteará al día siguiente de la presentación de las demandas de ilegalización en el Tribunal Supremo, ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que ya ha fijado para los próximos 4 y 5 de febrero las audiencias a los representantes legales de los dos partidos a las que obliga la ley antes de adoptar esta medida cautelar.
En la actualidad ANV está representada por 337 concejales en el País Vasco y por otro centenar en Navarra, mientras que el PCTV cuenta con 9 diputados en el Parlamento Vasco.
