La Fiscalía pide que la actividad de ANV quede suspendida antes del 11 febrero
La Fiscalía solicitó este jueves al Tribunal Supremo (TS) en su demanda de ilegalización de ANV, como medida cautelar, la suspensión de toda clase de actividades como partido político a la mayor brevedad, y a ser posible, antes del 11 de febrero, fecha de proclamación de candidaturas para las elecciones del próximo 9 de marzo.
Según informó la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa, el Ministerio Público explica en su demanda contra ANV que se ha producido una cesión a favor de la organización ilegal Batasuna de los derechos y prerrogativas que concede la normativa electoral a ANV.
Además, señala que tras una inicial ambigüedad calculada respecto de los actos terroristas de ETA han minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna.
Para la Fiscalía se han apreciado estas conductas en algunos representantes electos de ANV tras el atentado en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas o el asesinato de dos guardias civiles en la localidad francesa de Capbreton.
En la demanda, firmada por el fiscal de sala jefe de lo contencioso-administrativo, Antonio Narváez Rodríguez, y que consta de 109 folios, también se recuerda que la alcaldesa de Hernani, Marian Betialarrangoitia, ofreció muestras de apoyo a los dos terroristas presuntamente responsables del atentado en la T-4 y que el representante de ANV en el Ayuntamiento de Baracaldo se negó a condenar el acto criminal realizado.
Apoyo a la coacción social
En el relato de hechos que realiza el Ministerio Público se incluyen las conductas de apoyo a los actos de coacción social vinculadas al terrorismo en el País Vasco.
En concreto, se alude a la campaña sistemática contra la construcción de la línea de Alta Velocidad en el País Vasco, en la que ANV ha asumido los postulados de amenaza e intimidación sostenidos por ETA y Batasuna.
El fiscal también explica a la sala del 61 la íntima conexión existente entre ANV y Batasuna respecto de la gestión de fondos bancarios, cuya investigación policial ha descubierto -añade- una verdadera estrategia de cooperación mutua.
Otras de las medidas cautelares que reclama el fiscal son el cierre cautelar de la sede de ANV y demás inmuebles de su titularidad, el embargo de los ingresos por subvenciones públicas, el embargo de las cuentas corrientes, depósitos y demás activos financieros a su nombre, y la suspensión del derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales.
La demanda fue presentada en el registro del Supremo por Narváez a las 11.10 horas y está acompañada de seis tomos con documentación.
Esta demanda se suma a la que presentó la Fiscalía el pasado martes para la ilegalización del EHAK-PCTV, mientras que la Abogacía del Estado presentó ayer en el Supremo sendas demandas de ilegalización contra ANV y EHAK-PCTV
Por su parte, los magistrados de la Sala del 61 han sido convocados a una reunión este viernes para deliberar sobre la admisión a trámite de dichas demandas y sobre las medidas cautelares solicitadas.
En la actualidad ANV está representada por 337 concejales en el País Vasco y por otro centenar en Navarra.
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