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Gabriela Bravo: Mas no cometería un delito si convocase un referéndum

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha afirmado este lunes que el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, no estaría cometiendo un delito si convocase un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Durante una entrevista en TVE, Bravo ha opinado que se ha dado una “sobredimensión” a las declaraciones de Mas en las que anunció, “en el marco de una campaña electoral”, su intención “escuchar al pueblo catalán” y propuso realizar una “consulta”. “Habrá que ver qué convoca”, ha añadido.

Respecto a la posibilidad de reformar la Constitución --un tema relacionado con la propuesta de Mas, ya que la Carta Magna con su redacción actual no permitiría celebrar un referéndum--, Bravo ha indicado que la Constitución prevé “un sistema para poderla reformar”.

El texto constitucional “no es inamovible” y “se puede modificar” si se produce un “cambio de circunstancias” o surge “la necesidad de adaptar determinados preceptos o capítulos a la realidad social, que es cambiante”, ha explicado.

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Por otro lado, la portavoz ha advertido de que algunos puntos de la nueva reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno tienen “mal encaje” en la Constitución.

Aunque el CGPJ aún debe publicar su informe sobre el anteproyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, Bravo ha declarado que, desde su punto de vista, hay algunas “figuras” que tienen “mal encaje en la Constitución”, mencionando concretamente a la prisión permanente revisable y a la custodia de seguridad.

La portavoz ha señalado que el actual Código Penal es el resultado de varias reformas que lo han convertido en “uno de los más duros de Europa”.

Hay medidas incluidas en el anteproyecto de ley que “me preocupan enormemente”, ha reconocido Bravo, que considera que “no se puede utilizar el Derecho Penal” para resolver “asuntos concretos con intereses mediáticos”.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Respecto a la prisión permanente revisable, que se podrá aplicar en los delitos más gaves, la portavoz del CGPJ ha recordado que las penas deben tener una función retributiva, es decir, castigar a quien ha delinquido, pero también una función resocializadora.

A su juicio, con la prisión permanente revisable se pone en duda esa segunda función. “Los problemas de la sociedad española no se pueden resolver endureciendo las penas”, ha estimado.

También ha criticado el endurecimiento de las penas para quienes provocan incendios forestales, por considerar que hay otras formas de conseguir que “la ciudadanía se conciencie” y que el Derecho Penal debe ser “el último recurso”.

En cuanto a las nuevas tasas judiciales que el ministro de Justicia pretende empezar a aplicar a principios de 2013, Bravo ha afirmado que, en determinados supuestos, “para algunos ciudadanos será imposible acudir a los tribunales”, una situación que “cercena el derecho a tutela judicial”.

LA AUDIENCIA NACIONAL NO DEBE DESAPARECER

Por otro lado, la vocal del CGPJ se ha referido al debate sobre la posibilidad de que la Audiencia Nacional acabe desapareciendo por falta de competencias al haber disminuido los procedimientos por casos de terrorismo.

En su opinión, aparte del “importante papel” que ha tenido en la lucha contra el terrorismo, la Audiencia Nacional “sigue siendo fundamental” para juzgar algunos crímenes, delitos de corrupción y casos de terrorismo internacional y actualmente “sigue teniendo funciones que justifican su existencia”.

En otro orden de cosas, Bravo ha llamado la atención sobre las quejas y peticiones de los jueces, que son “muchas”, por ejemplo tener unas condiciones “dignas” de trabajo y que se aprueben reformas procesales que den agilidad a los procedimientos.

En el contexto de la crisis, “se ha acentuado la carencia de medios materiales y personales”, ha señalado la portavoz. A esto se suma, ha agregado, que en algunas zonas la carga de trabajo ha llegado a límites insospechados a causa del aumento del nivel de la litigiosidad desde 2009.

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