El Gobierno vasco arremete contra ETA y cuestiona el sumario contra Ekin
El Gobierno vasco, en una declaración sobre Derechos Humanos, arremete contra ETA por negar el derecho a la vida de sus conciudadanos y también considera “injustos y desproporcionados” los encarcelamientos de los detenidos por el sumario 18/98. El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, leyó este domingo en Vitoria una declaración institucional del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe con motivo de la celebración el lunes del Día Internacional de los Derechos Humanos.
En primer lugar, el texto denuncia que tras la ruptura del alto el fuego permanente de ETA “comprobamos que siguen entre nosotros personas que niegan el derecho a la vida de todos sus conciudadanos” y añade que con sus últimas actuaciones “sangrientas” la banda terrorista “no sólo sigue provocando sufrimiento injusto, sino que niega de raíz la Declaración de los Derechos Humanos”. Según el Ejecutivo autonómico, “cualquier discurso que pretenda explicar, justificar o defender la continuidad de la organización terrorista pierde toda legitimidad y credibilidad”.
Además, según el Gobierno vasco, los derechos humanos “de primera generación están heridos en su mismo corazón” en el llamado sumario 18/98, en referencia a las detenciones y encarcelamientos de los implicados en este proceso seguido contra el aparato político de ETA, Ekin y otras organizaciones del entorno de la banda terrorista. En opinión del Ejecutivo vasco, la fase final de detenciones antes de la comunicación de las sentencias “no es más que el último capítulo dramático de un ejercicio injusto y abusivo del Estado”.
Agrega en este sentido que “las garantías penales y procesales han cedido de tal manera que se están produciendo encarcelamientos injustos y desproporcionados” y afirma que “es anacrónico el mantenimiento en pleno siglo XXI de los delitos de opinión”.
Política penitenciaria “inhumana e injusta”
La declaración también denuncia el mantenimiento de una política penitenciaria que contempla la “inhumana e injusta” dispersión de presos que implica una pena añadida para el recluso y sus allegados.
En el texto se alude asimismo a otros “ataques frontales al espíritu, letra y contenido” de los derechos humanos como la tortura que “se continúa produciendo en centros de detención”. El consejero Azkarraga, en nombre del Gobierno autonómico, recalca que “tampoco se pueden estrechar los espacios legítimos de las libertades de asociación, de prensa, ideológica y expresión mediante la aplicación de la vigente ley de partidos o de una normativa antiterrorista excesiva y desproporcionada en muchos aspectos”.
También recuerda que en los pactos de 1966 que desarrollaron la Declaración Universal de Derechos Humanos “incluyeron el derecho de autodeterminación entre los primeros a ser objeto de consideración”. Al respecto, el Gobierno Vasco defiende “la voz de la soberanía popular como último y más autorizado garante de construcción democrática”.
Por último, el Gobierno de Ibarretxe subraya que este balance “no debe desanimarnos” e indica que estas “transgresiones” son un “acicate” para reforzar “nuestra firme y comprometida apuesta por el programa de convivencia y construcción social” que impulsa “derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales”.
“La Iglesia no ha sido cómplice”
Por otro lado, el obispo emérito de San Sebastián José María Setién considera que el diálogo “es más humano y cristiano que la pura eliminación de ETA”. En una entrevista publicada este domingo por el diario El Correo, el prelado guipuzcoano defiende que “es mejor entenderse sin matar y sin represión que seguir por la vía de la eliminación de ETA” y opina, por otra parte, que los planteamientos políticos en Euskadi “no deben hacerse al ritmo y al socaire” de lo que dice la organización terrorista.
Setién confiesa que al conocer el atentado de ETA en Francia, en el que la organización terrorista asesinó a dos guardias civiles, sintió “dolor y también mucha pena porque entendía que ello no podía favorecer un proceso más humano”, en alusión a un proceso de diálogo. A su juicio, “todo esto va en contra del clima necesario para dialogar, suscita más los ánimos para luchar por la desaparición de ETA por la línea del mero ejercicio de las vías represivas”.
El obispo emérito de San Sebastián considera, además, que “la violencia no habría desaparecido con una postura franca de la Iglesia contra ETA” y también asegura que “la Iglesia no ha sido cómplice” de la organización terrorista. Señala, asimismo, que si ETA “atentara contra un hombre de la Iglesia se convertiría en un corpúsculo sin apoyo social”.
Setién aboga por que las víctimas del terrorismo sean tenidas en cuenta en un proceso de pacificación, “con el respeto debido a la sangre y el sufrimiento”, pero opina que “las exigencias políticas dificultan el acceso a la causa” del colectivo.
Causa 18/98
Defiende, por otro lado, que la presencia de la izquierda abertzale en “una solución política de los conflictos” no esté impedida “por la Ley de Partidos”. A su juicio, “en el fondo” de la sentencia sobre la causa 18/98 contra el entorno de ETA está la aplicación de dicha ley. Según indica, “la aplicación de penas tan graves como las que se imponen se apoya en una norma que permite la adecuación oportunista de su aplicación”.
