Olarte es citado como testigo en el caso Nóos
La defensa del expresidente del Govern Jaume Matas ha solicitado la citación como testigos, en el marco del caso Nóos, del diputado en el Congreso por Barcelona Albert Soler, el expresidente del Gobierno de Canarias Lorenzo Olarte, el empresario y exmáximo accionista del RCD Mallorca Vicente Grande, el director del Observatorio Permanente para el Deporte y Turismo, Ángel Díaz, y una treintena de personas más a fin de acreditar la utilidad pública de los Illes Balears Forum organizados por el Instituto Nóos en 2005 y 2006.
Mediante un escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de Matas, Antonio Alberca, recalca que estas declaraciones se hacen “necesarias” a los efectos de determinar que no hubo “una desviación de poder” desde el Govern balear y, más en concreto, de la Fundació Illesport a la hora de acordar la firma de los convenios de colaboración suscritos con Nóos para la celebración de los foros sobre turismo y deporte.
El abogado del exministro incide en que los foros, a cuya organización el Ejecutivo de Matas destinó un total de 2,3 millones de euros, contaron con la “solvencia” de numerosos participantes, se llevaron a cabo “alcanzando sus objetivos”, generaron beneficios a la sociedad y sus participantes aceptaron intervenir “gracias a la figura de Don Iñaki Urdangarin y a la buena reputación entonces del Instituto Nóos”.
Después de que el pasado mes de mayo el juez José Castro citase a otros 25 testigos, cuya declaración solicitó la defensa de Matas con el objetivo de acreditar la trascendencia social, económica y política de los Illes Balears Forum, Alberca reclama ahora la citación, entre otros, del presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, el subdirector del Consorcio de Turismo de Barcelona, Ignasi de Delàs, el alpinista y quien fuera jefe de la primera expedición catalana al Everest Conrad Blanch, y el exconcejal del Ayuntamiento de la ciudad condal Enric Truño.
Asimismo, pide que declaren el representante de la Junta da Tourisme da Costa do Estoril Jorge Fainer, el miembro del Comité Olímpico de Qatar Perry Smith, la que fue primera mujer en completar la ascensión de los 14 'ochomiles' del planeta Edurne Pasabán, el director de Operaciones Navales en Naseba, Matej Sodja, el director de investigación de la Escuela de Hostelería y Turismo CETT de la Universidad de Barcelona, Eugeni Osácar, y otros numerosos testigos que puedan arrojar luz sobre la utilidad de los eventos.
Cabe recordar que al primero de los eventos la Administración autonómica destinó 1,2 millones de euros mientras que por el segundo abonó 1,1 millones. Se da la circunstancia de que el exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, aportó a la causa diversas facturas para justificar el destino que se dio a los fondos públicos si bien lo que en realidad revelaron fue la falta de justificación documental de dónde fueron a parar las cantidades así como el uso supuestamente fraudulento de numerosas facturas de servicios realizados.
Así, entre las múltiples facturas presentadas para justificar los eventos de Palma se encuentran otras tantas que se refieren en realidad al Valencia Summit o bien no guardan relación alguna con estos enclaves.
Facturas presentadas para justificar el gasto
Es más, un informe policial incluido en el sumario revela cómo Nóos destinó, con cargo a los 2,3 millones que recibió del Govern, más de 88.700 euros a costear billetes de avión y estancias de hotel cuya ubicación y relación con los foros se desconoce, así como a sufragar numerosos billetes de transporte ferroviario a pesar de que éstos “no parecen propios de ningún tren que circule por Baleares”.
Es más, el informe incluye facturas anteriores y posteriores a la firma de los convenios para la celebración de los foros mientras que otras se refieren a billetes de avión cuyo origen y destino no se conoce, están relacionadas con el evento Valencia Summit o hacen referencia a estancias de hotel en Valencia y Londres.
Sin embargo, sobre estos eventos, la defensa de Urdangarin presentó un extenso dictamen jurídico con el que intentó avalar que los convenios rubricados por Nóos con el Govern no estaban sujetos a la contratación pública, de forma que no cabía supervisar o auditar el precio abonado por el Ejecutivo de Matas como contraprestación. Responden así, según el informe, a la legalidad vigente cuando se suscribieron.
