Del Olmo cede a Garzón el análisis de la infraestructura etarra en Francia
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se inhibió en favor de Garzón en el caso concreto de estas diligencias que abrió Del Olmo después de recibir la información de la juez francesa Laurence Le Vert referida a delitos cometidos en España de falsificación de placas de matrícula y de documentos, así como el robo de vehículos.
Del Olmo, según fuentes jurídicas, ha considerado que es “ahora” cuando el Juzgado Central de Instrucción número 5, cuyo responsable es Garzón, ha justificado con un “dato cierto” -en concreto, un número de teléfono- que la investigación de estos hechos le corresponde a él por antecedente, puesto que la inició en abril de 2007. De esta manera, el magistrado ha afirmado que se “justifica plenamente” la competencia de Garzón en el marco de la instrucción “por colaboración con organización terrorista”.
La respuesta de Del Olmo se produce un día después de que Garzón ampliara con “razonamientos objetivos” el por qué le correspondía a su juzgado la investigación de esos delitos, que no tienen que ver con la comisión rogatoria enviada por la jueza Le Vert a la Audiencia Nacional sobre el supuesto negociador de ETA y que Garzón reclamó también como suya. Para ello, argumentó que tenía procesado y con una orden de busca y captura a Kepa Suárez, al que acusa de pertenecer al aparato de captación de ETA.
Sin embargo, Del Olmo rechazó en dos ocasiones traspasarle la investigación porque ésta le había correspondido por reparto y, de hecho, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer por unanimidad dejar sin efecto la cuestión de competencia planteada por Baltasar Garzón. Los dos presuntos terroristas fueron detenidos el pasado 29 de marzo en el suroeste de Francia y en el momento del arresto, Iurrebaso se identificó como negociador de la banda armada con el Gobierno, extremo que es el que investiga la jueza gala.
Entre la documentación que se les incautó figuraban informaciones sobre supuestas conversaciones del Gobierno con ETA y varios números de teléfono correspondientes a abonados españoles y franceses, uno de los cuales, según el semanario galo L'Express, era el del jefe de la Policía antidisturbios gala, Christian Lambert, nuevo director de gabinete del prefecto de Policía de París.
Violencia callejera en Álava
De otra parte, el juez Baltasar Garzón ordenó la busca y captura de dos jóvenes relacionados con los cuatro detenidos el pasado martes en Álava y a quienes se considera responsables de la violencia callejera en esta provincia. Según informaron fuentes jurídicas, las dos personas cuya detención se ordena ahora son Federico Loma Pérez de Obano e Iván Peña Balanzategi, cuyos domicilios fueron registrados durante la operación desarrollada el pasado martes por la Policía.
Garzón ordenó la noche del jueves el ingreso en prisión de tres de los cuatro detenidos -Gorka Velasco, de 20 años, Xabier Fernández De Gamarra, de 21 y Koldo Moreno, de 21-, a quienes imputó los delitos de integración en banda armada y estragos. Además, dejó en libertad a con la obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado al cuarto arrestado, Urko Arroyo, de 24 años.
La Policía les intervino componentes para fabricar artefactos explosivos, material propagandístico y diversa documentación de la organización ilegal Segi. Se les imputan más de cuarenta acciones de violencia callejera cometidas en Álava en los últimos tres años, entre ellas la quema de vehículos y el lanzamiento de “cócteles molotov” contra la Subdelegación de Gobierno, Caja Vital, Caja Madrid y BBVA, entre otros establecimientos y edificios.
Juicio al 'comando Madrid'
Por otro lado, el fiscal Pedro Rubira mantuvo este viernes su petición de pena de 22 años de prisión para cada uno de los miembros del comando Madrid de ETA, activo entre 1995 y 1997, Juan Antonio Olarra, Jon Bienzobas, Rufino Arriaga e Idoia Martínez, por los delitos de depósito de armas de guerra y de tenencia de explosivos.
En el juicio que se celebró este viernes en la Audiencia Nacional, el fiscal consideró que ha quedado probado que Rufino Arriaga alquiló un piso en la calle Doctor Fleming de la capital, donde se hallaron varias huellas de los procesados, además de las armas y explosivos intervenidos, como tubos lanzagranadas o subfusiles, y documentación manuscrita por los acusados donde figuraban objetivos de la organización terrorista ETA. Entre los seguimientos realizados figuraban el del ex presidente del Gobierno José María Aznar -entonces líder de la oposición- y el empresario Alfonso Cortina, así como militares, guardias civiles, jueces, banqueros, abogados y periodistas.
También había planos sobre objetivos terroristas, entre los que se incluían centrales eléctricas, repetidores de televisión o estaciones radioeléctricas. Según el fiscal, “hay pruebas más que suficientes para destruir la presunción de inocencia de los acusados”, además del “silencio” de éstos, que este viernes se negaron a declarar y que “no han querido explicar” por qué se hallaban tales efectos “para cometer atentados” en el domicilio.
Por su parte, las defensas solicitaron la libre absolución de sus representados y, en concreto, los abogados de Rufino Arriaga e Idoia Martínez reclamaron aplicar una atenuante en sus penas por las “dilaciones indebidas” en el proceso. La defensa de Martínez agregó que durante las fechas en que estuvo activo el comando Madrid, no ha quedado demostrado que la acusada se encontrara en la capital.
Entre los asesinatos que cometió el comando Madrid figuran los del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente (14 de febrero de 1996), del teniente coronel del Ejército de Tierra Jesús Cuesta Abril (8 enero 1997) y del magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador (10 febrero 1997).
