Si no somos España: ¿por qué nos quejamos del gobierno de España?

Estudiando las complejas movilidades de todo tipo que en la actualidad se dan en Canarias recientemente encontré la página web de una consultoría orientada a italianos que quieren desarrollar actividades empresariales en las islas. Ahí se afirma que las islas son el área europea que disfruta de un régimen fiscal más orientado a favorecer la actividad económica, por lo que ofrecen grandes oportunidades a la iniciativa emprendedora. Se explica que, al formar parte de la UE, las islas no tienen los problemas propios de los paraísos fiscales, pero que al ser consideradas una región ultraperiférica y tener un Régimen Económico y Fiscal Propio (REF) disfrutan de una fiscalidad mejor que la de España y el resto de los estados miembros. El Gobierno “nacionalista” de Canarias se queja de discriminación del Gobierno de España, el vicepresidente califica las políticas de éste de “decreto godo” y hay quien dice que lo que hay que hacer es limitar la entrada y el establecimiento de personas en las islas (ley de residencia). Facilitamos el movimiento de capitales, pero queremos limitar el de las personas. Pensamos que la culpa de que cueste encontrar viviendas asequibles es del pizzero italiano que viene a trabajar en el sur, y a la vez parecemos estar convencidos de que al holding milanés que quiere invertir hay que ponerle todas las facilidades. Y no nos pararnos a pensar ni por un momento si no será el holding milanés, que compra viviendas para invertir y/o especular, más culpable del incremento de los alquileres en las islas que el pizzero napolitano que vive y trabaja aquí como un currante más. En Canarias nos quejamos mucho de los impuestos, de los precios, de nuestra economía, de nuestra fiscalidad, pero ¿quién decide todo esto? 

Le pregunto al navegador, en modo IA: ¿Canarias es España? Me dice que, aunque política y administrativamente lo son, no lo son desde el punto de vista fiscal. Me explica que existe una cosa que se llama REF, una sopa de letras (ZEC, RIC, IGIC) que me explica que no es un privilegio. Indago sobre los inicios del REF, y encuentro que se crea cuando la reina Isabel de Castilla, que, por conquista primero de Gran Canaria y luego de La Palma y de Tenerife se había convertido en soberana de unas lejanas tierras en el Atlántico, decide concederles exenciones fiscales para ayudar a poblarlas. En aquellos lejanos tiempos del 1500 ya se asumía que la Real Audiencia de Canarias y otros servicios que la corona de Castilla prestaba en las islas no iban a salir “rentables”, pues se iba a renunciar a recaudar impuestos suficientes con los que sufragarlos, pero se optó por ello como decisión estratégica en la incipiente expansión castellana allende los mares. 

Voy al teatro: “Con siete estrellas verdes: docudrama de una actriz canaria”. Esta gente de las artes siempre han sido unos rojos. En clave de ficción vienen a plantear que las políticas de exención fiscal al cine que han hecho que los últimos años se rueden tantísimas películas en las islas… han servido sobre todo para que las compañías que las producen se ahorren un montón de impuestos. Que, dicen, han contribuido a poner a Canarias en el mapa. Pero que, al final, buena parte del “trabajo canario” que se acaba aportando en dichas producciones es el de las camareras de piso que atienden en los hoteles en que se quedan los equipos de rodaje y las estrellas. 

Hago un curso del Instituto de Estudios Fiscales (Ministerio de Hacienda, Gobierno de España) sobre Sociología Fiscal. Se denomina “cultura fiscal” al conjunto de ideas, valores y actitudes que inspiran y orientan la conducta de los actores sociales que intervienen en la configuración de la realidad fiscal de un país. Forma parte de la “cultura cívica”, es decir, de cómo se entiende que deben ser atendidas las necesidades públicas dentro de una organización política para lograr metas colectivas articulando intereses contrapuestos. Y el “contrato fiscal” es el acuerdo, expresado a menudo en normas de alto rango como las constituciones, que establece qué carga fiscal se está dispuesta a soportar en una sociedad para disponer de una serie de bienes públicos, como el orden público, la defensa, las infraestructuras, la sanidad o la educación, que se consideran legítimos en esa sociedad. 

Desde el punto de vista de la cultura y el contrato fiscal, Canarias no es España. Hemos asumido que, como somos ultraperiféricos, dependientes, fragmentados y no sé cuántas cosas más, aquí renunciamos a recaudar los impuestos suficientes para tener el “Estado” que creemos que nos merecemos. Que ya están Madrid y Bruselas para financiar nuestras carreteras, hospitales e institutos. Las empresas que se acogen a la ZEC pagan un 4% de impuesto de sociedades, en vez del 25% que se suele pagar en España. El tipo general del IGIC está en el 7%, frente al 21% del IVA. Y cuando el gobierno de España anuncia que en su paquete de medidas contra la crisis va a incluir una rebaja del IVA al 10%, los poderes mediáticos en Canarias denuncian enfurecidos: “Madrid nos discrimina, porque eso a nosotros no nos ayuda, aquí no se paga IVA”. Sí, ya sé que es un poco atrevido, pero ¿qué pasaría si cambiáramos nuestra Régimen Económico y Fiscal hasta un punto tal en que no se pudiera escribir (en italiano) que tenemos la fiscalidad más favorable para invertir? Sí, posiblemente no vendrían tantas inversiones. Pero quizá pasarían otras cosas no tan negativas. Si tenemos un régimen económico y fiscal distinto al de España, ¿por qué nos quejamos del Gobierno de España cuando hablamos de temas económicos y fiscales? Tener un enemigo externo al que culpar de los males propios es, ciertamente, muy conveniente. Pero, ciertamente, si lo que queremos es resolver nuestros propios problemas, es más práctico plantearse qué podemos hacer nosotros por resolverlos que decir que nuestros problemas son culpa de “los otros”.