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Opinión - Junts, el bolsillo y la patria. Por Neus Tomàs

Adán Martín defiende la legalidad de la construcción de las nuevas camas

El presidente del Gobierno canario, Adán Martín, defendió este lunes la legalidad de los cuatro expedientes para la construcción de 5.500 camas turísticas de calidad que se tramitan en el Parlamento canario para aprobar su consideración de interés general.

Martín rechazó la crispación política que se pretende trasladar a los ciudadanos con esta cuestión, así como con la comisión que investiga el caso eólico en el Parlamento canario, e hizo un llamamiento a la tranquilidad, porque la “sociedad canaria no se lo merece”.

El presidente del Ejecutivo canario afirmó que las decisiones “obedecen a los trabajos que se hacen y a los marcos legales y normativos y, por tanto, la crispación política no tiene que llegar a los ciudadanos”, insistió.

Manifestó que la ley de moratoria turística aprobada por el Parlamento canario respondió a una demanda de la sociedad, que reclamaba un desarrollo turístico sostenible.

En la disposición adicional de esa ley, por un procedimiento “excepcional y garantista”, se admite la aprobación de algunos proyectos turísticos “para que Canarias pueda seguir siendo líder en el mercado turístico”, que es el principal sector económico de las Islas.

Destacó que de las 10.000 camas turísticas que permita esta vía, el Gobierno ha presentado la mitad por iniciativa de los cabildos.

La oposición que se ha generado por parte del PSC-PSOE y de organizaciones ecologistas responde a que se trata de una legislación nueva y compleja, y existen discrepancias en cuanto a su interpretación, pero los cuatro expedientes que se debaten en el Parlamento responden “al espíritu de la ley de directrices”, aseguró.

El presidente defendió los cuatro proyectos porque Canarias tiene que seguir siendo líder en el mercado turístico, y Gran Canaria en concreto necesita de esas actuaciones porque cualifica su oferta, ya que carece de camas de calidad.

Martín consideró necesario explicar a los ciudadanos la razón de estos expedientes, que responden a unos proyectos que se pretenden ejecutar en parcelas urbanas y son “productos novedosos”, tras inaugurar una residencia para personas mayores con discapacidad psíquica en la capital grancanaria.

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