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La Audiencia Provincial de Las Palmas anula la condena a Ildefonso Jiménez por el caso Alisios

El tribunal de apelación anula la sentencia de 2012 que condenaba al ex concejal de Telde por Nueva Canarias a 18 meses de cárcel y 10 de inhabilitación.

Jiménez siempre defendió que la denuncia enarbolada por Ciuca fue un montaje para desalojarlo de la vida pública.

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Ildefonso Jiménez durante su etapa como concejal del Ayuntamiento de Telde.

Ildefonso Jiménez durante su etapa como concejal del Ayuntamiento de Telde.

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto a Ildefonso Jiménez de los cargos por los que fue condenado en relación al caso Alisios. El tribunal de apelación provincial ha considerado el recurso presentado por el ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde y ha fallado a favor de la retirada de la sentencia dictada en diciembre de 2012 por la cual el ex edil de Nueva Canarias fue condenado a 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Jiménez fue condenado por conceder, en 2002, varios reconocimientos de obra y licencias de primera ocupación  en la zona de Los Alisios con el conocimiento de que estas obras eran ilegales.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Las Palmas de Gran Canaria consideraba probado que el ex concejal y portavoz de Nueva Canarias en el consistorio teldense había conculcado “las más elementales leyes urbanísticas” al reconocer oficialmente las obras y las licencias de ocupación pese a los “informes desfavorables” dictados por los técnicos del Ayuntamiento. Los documentos municipales, aseguraba la sentencia anterior, demostraban que las obras “excedían el proyecto aprobado” invadiendo suelo público.

Desde el principio, Ildefonso Jiménez mantuvo que la concesión de las licencias se habían ajustado a derecho y que los informes urbanísticos avalaban su actuación. Durante el juicio manifestó que se le había utilizado como "chivo expiatorio" en el proceso y denunció la falsificación "de documentos públicos", en referencia al informe desfavorable firmado por el jefe de Urbanismo, José Luis Mena. Hay que recordar que dos informes periciales, uno de ellos de la Guardia Civil, apuntaron a que este documento fue elaborado de manera interesado e ilegal en el año 2005, y no en 2002, como aparece en el expediente. Jiménez también señaló que alguien se llevó “documentos del expediente para poder denunciarme”.

Jiménez sostuvo, durante todo el juicio, que firmó las licencias tras leer una propuesta de resolución del jefe de Urbanismo, José Luis Mena, en la que “hacía referencia a informes favorables” que, sin embargo, no obran en el expediente ni en la copia cotejada que los denunciantes, el grupo de Gobierno de Ciuca y PP, entregaron en los juzgados en 2006. Durante la causa algunos funcionarios denunciaron presiones por parte de concejales del grupo de gobierno (esta vez sustentado por el pacto firmado por PP CC y Ciuca) para evitar testimonios a favor del acusado.

Para NC, este proceso judicial tuvo el único objeto acabar con la carrera política de Jiménez. Fruto de la sentencia condenatoria, Jiménez presentó su dimisión como concejal el 28 de diciembre de 2012.

La sentencia que se ha conocido a última hora de este lunes viene a desmontar los argumentos esgrimidos por Ciuca a lo largo de todo el proceso. Hay que recordar que el Caso Alisios surgió a raíz de la denuncia presentada por la Junta de Gobierno del consistorio del sureste en 2006; en aquel momento, el gobierno municipal estaba en manos del binomio formado por PP y Ciuca. El regreso de Nueva Canarias al sillón de la Alcaldía diluyó la acusación municipal al entender que no había ilegalidad alguna en el proceder del responsable del área de Urbanismo de NC. Fue entonces cuando Guillermo Reyes, de Ciuca, esgrimió de manera personal el caso y se presentó como acusación particular.

En declaraciones hechas a Canarias Ahora, Jiménez mostró su satisfacción por la sentencia de la Audiencia de Las Palmas y emplazó a los medios de comunicación a una comparecencia que se celebrará este martes y en la que se darán los detalles del texto legal y la valoración política del mismo.

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