El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula el nombramiento del director general de Movilidad de LPGC
El concejal de Recursos Humanos de Las Palmas de Gran Canaria, Mario Regidor, ha asegurado que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 6 de la ciudad capitalina, que ha declarado nulo el nombramiento de Heriberto Dávila como director general de Movilidad.
La jueza considera que la convocatoria de la que resultó elegido y a la que concurrieron cinco candidatos, no priorizó a los trabajadores de la administración que solicitaron el cargo y, por lo tanto, incumplió la reserva general de puestos directivos municipales a personal funcionario de carrera del subgrupo A1.
Regidor confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dicte una resolución contraria a la emitida en primera instancia. Mientras la sentencia no sea firme, Dávila seguirá ejerciendo como director general de Movilidad.
El edil explica a Canarias Ahora que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que en la elección de los puestos directivos o de coordinación de las administraciones públicas debe primar el personal funcionario de alto nivel. Sin embargo, añade que la propia ley permite en ciertos casos abrir la convocatoria a personas externas que cuenten con experiencia en la materia.
El grupo de Gobierno conformado por el Partido Socialista (PSOE), Nueva Canarias (NC) y LPGC Puede, explica, consideró que en este caso concreto se podía abrir la convocatoria a personas que hubieran trabajado en el el campo de la movilidad, ya fuera en el ámbito público, como en el privado. Todo ello, sin excluir al personal funcionario que quisiera concurrir.
Al respecto, insiste en que “para este cargo en concreto, una persona que haya trabajado en el campo de la movilidad en empresas privadas, puede tener muchísimo que decir de cara a establecer un plan de movilidad en la ciudad”.
Motivo por el que la convocatoria “amplió el campo, sin excluir a esos funcionarios de alto nivel de la Administración que pudieran presentarse”.
Regidor asevera que la pertenencia a un partido – como es el caso de Dávila, que iba el cuarto en la lista de NC al Ayuntamiento - no se tiene en cuenta como mérito para acceder a un cargo de este tipo y de hecho “ni figura en las bases, ni sería ético”.
Esta no es la primera sentencia de este tipo que recurre el Ayuntamiento y ya lo hizo con la que anuló el nombramiento de Eulalia Guerra como directora general de Seguridad del Ayuntamiento, procedimiento que permanece abierto en el TSJC.
