Emalsa critica la frivolidad de Luzardo y le recuerda el contrato de Isolux

Los responsables de Emalsa se muestran “sorprendidos y disgustados” porque esta empresa se “haya convertido en una cuestión controvertida en el campo del debate político”. Y es que el objeto último de esta empresa “no es otro que la realización de un servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas eficaz, para los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, en términos económicos aceptables y basado, esencialmente en la capacidad y esfuerzo, ya acreditados, de su personal, que cuenta con una amplia experiencia profesional”.

En estas últimas semanas “el viejo y obsoleto” contrato de 1998 entre el Ayuntamiento y la empresa, para la prestación del servicio de saneamiento, está siendo objeto de nuevo estudio, actualización y revisión. Hasta que no esté concluido, Emalsa no decidirá, en su Consejo de Administración, la adjudicación del saneamiento. Es entonces cuando se analizarán los distintos aspectos económicos y gerenciales.

Los aspectos jurídicos, como “ya hemos resaltado facilitan y amparan un contrato como el que provisionalmente se ha suscrito con SerCanarias. SerCanarias S.A. ”asume este contrato, no como un negocio fabuloso, pues se insiste en que sus condiciones económicas son las mismas que en el contrato con Urbaser, sino como obligación por ser empresa asociada, y ello es lo que ha permitido una transición sin trauma y sin problemas sociales. SerCanarias SA se constituyó hace más de 10 años, en 1997 y es “después de todo ese tiempo cuando se encomienda por Emalsa, con el carácter que ya hemos indicado, la prestación del servicio de saneamiento. Este sólo argumento evidencia que nada turbio encierra ese contrato, sino, justamente, todo lo contrario”.

La presentación de los socios privados de Emalsa “como aprovechados depredadores de la gestión de la Compañía constituye un ejercicio de frivolidad”, o quizás de algo más grave, teniendo en cuenta que la empresa presta un “servicio esencial a la ciudad, que ha tenido un desarrollo constante y una creciente demanda. En cambio no siempre se han realizado, por las distintas Administraciones, las inversiones públicas que deberían haberse ejecutado”.

Críticas al contrato de Isolux

Incluso en ocasiones se han adoptado decisiones inversoras “inadecuadas”, como se ha visto con el “tema de Isolux”, en que se adjudicó un concurso por el Ayuntamiento, “presidido por Dña. Josefa Luzardo, respecto a unos módulos cuyo defectuoso funcionamiento ha producido importantes quebrantos a la producción de agua desalinizada, obligando a Emalsa, para garantizar el suministro a los ciudadanos, a mayores compras de agua de pozos y de suministradores privados, detrayendo caudal de otros usos por ejemplo, agrícolas”.

En estos meses “se negocian diversas inversiones con la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma y del Cabildo, negociaciones que pueden verse perjudicadas por la transmisión de una imagen negativa que se quiere injustificadamente emitir”.

Además, en poco tiempo, la empresa recuerda que “se va a dictar sentencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sobre el concurso de 1993 y su adjudicación, impugnada por una tercera empresa, Aquagest (Aguas de Barcelona), cuyos representantes -en quizás no extraña coincidencia con el debate político- se manifiestan estos días públicamente, tratando de tergiversar las cosas en una determinada dirección”.

Todo ello muestra “la gravedad del tema”, con consecuencias legales y económicas, que Emalsa expresamente se reserva tratar en los ámbitos procedentes, con el ejercicio de las acciones que estime oportunas.

Indebida pretensión de obtener documentos internos de la empresa

La empresa apunta en el comunicado que se ha solicitado, por el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, actas del Consejo de Administración de Emalsa, “pretensión que no tiene acogida jurídica, a juicio de esta empresa, porque ”se trata de documentos, debates y acuerdos de una sociedad mercantil, que se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, y que pertenecen exclusivamente a esta empresa“.

Los Consejeros todos, incluidos los nombrados por el Ayuntamiento, “están obligados a los deberes de secreto y lealtad” a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas, que incluso recientemente ha reforzado tales deberes ?arts. 127 bis, ter y quater (nuevos en el Ley de Sociedades Anónimas después de la modificación introducida por la Ley 26/2003 de 17 de julio).

En este contexto, las actas de Emalsa no son documentos administrativos, ni forman parte de expedientes que obren en poder de los servicios de la Corporación, y por ello, diversos informes jurídicos de esta empresa y del Ayuntamiento “han excluido la obligación de entregar estas actas”.

Lo mismo cabe decir de otros documentos sobre contratos de Emalsa con terceros, “cuya divulgación, con fines políticos o de otro tipo, colocaría a la empresa en un escaparate abierto a competidores, y por ello, en situación mercantil de clara desventaja”.

Sólo si las cuentas anuales ?que son públicas- “reflejasen un deterioro del servicio público o éste se viese amenazado o cuestionado por cortes, restricciones o circunstancias similares, podría hacerse uso de las facultades del Ayuntamiento de velar por el servicio público”, añaden.

La empresa considera “cosa distinta la supervisión en la gestión a que se refiere el pliego de condiciones y adjudicación de 1993, que en efecto corresponde al Ayuntamiento, pero interpretado correctamente”.

Por ello, sería “absurdo” que en ese pliego se encargue la gestión a las empresas privadas, y a la vez se pretenda una “supergestión” o “supervisión” permanente por el Ayuntamiento.

Para poderla realizar la Corporación “tendría que montar un aparato burocrático costosísimo en paralelo a la empresa suministradora de aguas, ”lo que vendría a dejar sin sentido el proceso de privatización y mayor eficacia y economía que supuso aquél, y que, en todo caso, los sucesivos gobiernos del PP en el Ayuntamiento nunca cuestionaron“.

La supervisión de “la gestión, en todo caso sería de carácter técnico y no político, y la realiza, con gran eficacia, la Unidad Integral de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”.

Origen y capital de Emalsa

Emalsa es una sociedad anónima con 28.247.470 de euros de capital, constituida como tal en 1993, cuando el Excmo. Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria adjudicó el concurso abierto a tal respecto, y por el cual otorgó la concesión del suministro y saneamiento de aguas de la ciudad a dicha empresa, tras la privatización del 66% del capital, a cambio de recibir mas de 3.000 millones de las antiguas pesetas, dinero que la Corporación destinó a obras de mejora de diversa índole en la ciudad, siendo pues beneficiarios el conjunto de los ciudadanos. En la actualidad la plantilla de trabajadores de Emalsa supera las 350 personas.

Las empresas privadas que entraron en Emalsa en 1993 fueron Societé D'Amanagement Urbain et Rural (SAUR) con el 33% de capital, Unelco del Grupo Endesa, con otro 33% (en 2005 se transmitió ese porcentaje de capital a Valoriza Agua SL., del Grupo Sacyr-Satocan, y el restante 34% se lo reservó el Ayuntamiento.

La gestión del servicio concedido a Emalsa se encomendó expresamente a los socios privados, que tenían una gran experiencia empresarial en el ciclo de aguas, que son empresas de enorme prestigio y peso internacional, y cuyos valores se cotizan en bolsa.

Desde 1993 hasta hoy, en el Consejo de Administración de Emalsa los cuatro miembros designados por el Ayuntamiento, incluido el Alcalde o Alcaldesa, que siempre ha presidido la empresa, han sido siempre propuestos por el Grupo de Gobierno, sin presencia de representantes de grupos de la oposición.

Beneficio cero desde 1993

La concesión se realizó por 50 años. De ellos ya han discurrido casi 15, y en todos ellos, excepto en los dos últimos ejercicios, se han producido pérdidas, y únicamente, en los últimos ejercicios, y en concreto en 2006 y 2007, se ha equilibrado el resultado financiero de la empresa, que con un volumen anual de aproximadamente 50 millones de euros de negocio, ha obtenido, de beneficios 1,4 millones de euros en 2006 y 1 millón en 2007, esto es menos del 2% de rentabilidad. Esos limitados beneficios de 2006 y 2007 se han aplicado a reservas para compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Estos datos son públicos, pues constan en las cuentas anuales que se depositan en el Registro Mercantil para conocimiento general.