El Gobierno teme que Soria genere derechos en falso en favor de Repsol
“Habrá que pagar”. La frase la pronunció José Manuel Soria, a la sazón vicepresidente, en un Consejo de Gobierno de Canarias cuando el caso Tebeto alcanzaba su punto álgido. Había que pagar, en tal caso, más de 100 millones de euros al empresario Rafael Bittini simplemente porque se hizo acreedor de unos derechos mineros en la montaña de Tebeto (Fuerteventura) sin haber movido una piedra. Un expediente con apariencia de impecable, en el que tuvo intervención el hermano y un tío político del hoy ministro de Industria, acabó en el Tribunal Superior de Justicia y luego en el Supremo, que acabó quitando la razón al empresario. La historia de Tebeto podría estarse repitiendo, esta vez con Repsol como protagonista. En el Gobierno canario han saltado las alarmas.
Aquellos convulsos meses de 2008 y 2009 se saldaron con una desautorización pública de Paulino Rivero a José Manuel Soria al retirarle las competencias por el caso Tebeto porque había apreciado en su vicepresidente unas arrebatadoras ganas por pagarle a Bittini. Con los Servicios Jurídicos haciendo horas extraordinarias, el Gobierno consiguió frustrar ante los tribunales las pretensiones del empresario y de quienes le apoyaban desde dentro de la Administración. Canarias se ahorró 103 millones de euros.
Esos antecedentes, más un estudio en profundidad de la Ley de Hidrocarburos y del expediente de prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias, han llevado a la conclusión en el seno del Gobierno de que el ministro de Industria, Energía y Turismo podría estar propiciando otro pelotazo similar al frustrado en Tebeto, en esta ocasión en favor de la compañía Repsol. Un informe que ya poseen algunos consejeros alerta acerca de la posibilidad de que el Real Decreto que prepara el ministro de Industria esté cometiendo una irregularidad administrativa de calado que desemboque en su nulidad una vez Repsol ya haya adquirido los derechos sobre las cuadrículas que se sitúan al Este de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Y con los derechos en la mano, para los que Soria se está dando muchas prisas, cualquier revés administrativo o judicial podría acabar en reclamación de millonarias compensaciones.
Según ese informe, la autorización otorgada por el Gobierno de Aznar a Repsol a través del Real Decreto 1462 de 2001, ya estaría caducada por haber pasado los seis años que fija la Ley de Hidrocarburos. Aquella autorización fue el resultado final de un expediente de “ofertas en procedimiento” al que solo concurrió la petrolera Repsol.
Pero en aquella autorización en forma de Real Decreto de tan solo seis artículos, alguien olvidó algo trascendental que a la postre supondría su nulidad: no se incluyeron las preceptivas medidas de protección ambiental, lo que sirvió al PSOE de Lanzarote y al Cabildo de esa isla para interponer recurso ante los tribunales de justicia. En 2004 el Supremo les dio la razón precisamente por ese nada insignificante detalle.
Lejos de anular el procedimiento, ya caducado y tumbado por la Justicia, e iniciar uno nuevo, el Real Decreto que prepara Soria mantiene la concesión en favor de Repsol añadiendo exclusivamente la obligatoriedad de presentar un plan de protección de medidas medioambientales.
El informe interno que ha conocido este periódico considera que Repsol no cumple con los requisitos para que el Gobierno de España le convalide esa concesión porque ni siquiera se puede acoger a la excepcionalidad que la ley permite: tres años de prórroga por “condiciones extraordinarias”. Una fuente gubernamental ha confirmado que en el expediente de Repsol no consta ni una sola petición en tal sentido, por lo que no se le puede conceder una ampliación de plazos.
Los autores del informe sostienen que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo debería convocar un nuevo procedimiento administrativo de ofertas en procedimiento al que podría concurrir Repsol o cualquier otra compañía petrolera.
