Industria incumple su propia normativa de seguridad
La sede en Las Palmas de Gran Canaria de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno regional no cumpliría los requisitos que los propios inspectores del área exigen a los establecimientos industriales en lo relativo a equipamientos contraincendios.
Según ha podido saber CANARIAS AHORA y ha atestiguado con una serie de fotografías realizadas recientemente en el edificio ubicado en la calle León y Castillo de la capital grancanaria, varias puertas cortafuego y de emergencia del recinto carecen de las obligatorias barras antipánico para facilitar la apertura de las mismas y evitar aglomeraciones en puntos de evacuación, así como de los cristales en los denominados ojos de buey, que impiden la propagación del fuego.
Las fuentes consultadas por este periódico revelan que esta situación se alarga ya cerca de un año, tiempo en que, afirman, los órganos competentes no han adoptado decisión alguna para solventar las deficiencias, que afectan también a los extintores del edificio, que no han sido sustituidos pese a que sus recargas vencieron el pasado mes de abril.
La dirección general de Industria del Gobierno de Canarias es el organismo al que compete, en virtud del artículo 19 del Decreto 212/1991, la promoción del cumplimiento de la normativa sobre seguridad industrial, autorizando, entre otras, las instalaciones de protección contra incendios para establecimientos y su posterior control, que contempla mecanismos de sanción.
En el caso concreto del edificio de Usos Múltiples III, sin embargo, es la dirección General de Patrimonio, como encargada de la gestión y el control del buen funcionamiento de los bienes de dominio público, la responsable última del mantenimiento de estos equipamientos, en una cadena cuyo primer eslabón es el administrador del edificio.
Desde la Consejería de Industria niegan las anomalías y aseguran que las puertas cumplen la normativa y que así consta en los proyectos de legalización del edificio.
Del mismo modo, afirman que la evaluación de riesgos de los servicios de prevención no ha detectado ninguna deficiencia y que no tienen constancia que se haya interpuesto denuncia a nivel interno.
