Nueva Canarias denuncia que la alcaldesa de Mogán propone como interventor a un funcionario simpatizante de Ciuca

Nueva Canarias Mogán ha denunciado este lunes que la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, ha propuesto como interventor a un funcionario simpatizante de Ciuca ante la más que probable renuncia del funcionario que fue nombrado con anterioridad.

La concejala nacionalista Isabel Santiago señala que fuentes municipales le han confirmado esta pretención de la alcaldesa de nombrar a Salvador Álvarez, que “en su anterior etapa de interventor ya fue expedientado y sancionado por desarrollar actividad empresarial incompatible con su cargo, lo que motivó la presentación de denuncias por permitir que una de sus empresas construyera el actual centro de día de Arguineguín con fondos municipales”, destaca.

Nueva Canarias recuerda también que este funcionario tiene actualmente abierto un nuevo expediente disciplinario por desarrollar actividades privadas incompatibles con su puesto de funcionario, y cuya resolución, parece estar dilatando intencionadamente el grupo de gobierno de Ciuca-Psoe, pues han trascurrido seis meses sin que haya un pronunciamiento al respecto.

La formación también añade que los datos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, ponen de manifiesto la actividad de Álvarez como administrador solidario, apoderado y administrador único, en las empresas Formosa dos S.L, Transportes Tafira Baja S.L, Carpinteria Barranco Seco S.L, Inmobiliaria Torrencial S.L, Islas Caanrias salud S.L y Sergio Álvarez S.L.

Isabel Santiago aclara que puso en conocimiento de la alcaldesa las actividades privadas que desarrollaba el funcionario. Además, insica que “este nombramiento es un salto al vacío de Ciuca-Psoe, pues a pesar de haber incumplido con el artículo 20 de la Ley 53/1984, al eludir su obligación de prevenir y resolver posibles causas de incompatibilidad de los funcionarios, no sólo le aprobaron en pleno una subida salarial de unos 27.000 euros anuales sino que ahora lo nombran interventor municipal”.

NC subraya que las funciones de control y fiscalización que debe desarrollar cualquier interventor, son de las más importantes en cualquier administración, pues su trabajo garantiza que los impuestos municipales se destinen a solucionar los problemas de los ciudadanos. Por ello, este nombramiento genera “una clara inseguridad jurídica”.

Así mismo, explica que este funcionario ha sido nombrado en numerosas ocasiones presidente de los tribunales para la contratación de personal interino con los que la alcaldesa al parecer podría estar pagando más de un favor político.

Para la política nacionalista el criterio de la alcaldesa para elegir a los funcionarios de confianza “es incompatible con los de mérito y capacidad y produce los resultados que todos los vecinos perciben”.