El Parlamento de Canarias avala por unanimidad el decreto-ley de medidas para afrontar la crisis del coronavirus

La Diputación Permanente del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad el decreto-ley del Gobierno de Canarias con medidas para afrontar la crisis derivada de la pandemia de coronavirus y que ahora se tramitará como proyecto de ley, por vía urgente, en la Cámara.

El consejero de Administraciones Públicas, Seguridad y Justicia, Julio Pérez, ha detallado que el decreto-ley solo tiene una “pequeña objeción” del Consejo Consultivo en relación al artículo 17, que da potestad al Ejecutivo para tramitar medidas mientras dure la alarma sin tramitación administrativa.

Así, ha apuntado que “es un exceso en la forma de redacción y se va a corregir”, subrayando que solo se ha utilizado una vez para ordenar la elaboración de una aplicación informática que hace seguimiento de la COVID-19.

Pérez ha comentado que el decreto incluye medidas de apoyo al empleo y los autónomos, complementando el 30% de lo que no cubren las del Estado hasta sumar un total de 11 millones de euros que cubren a más del 44% del tejido productivo de las islas.

Ha indicado que las partidas “son ampliables” y anunciado que tras la publicación de las bases en el BOC de esta semana el próximo lunes se inicia el plazo de presentación de solicitudes que dependen, no obstante, de que los aspirantes acrediten que reciben las del Estado.

Además, ha apuntado que el decreto permite agilizar la contratación, flexibiliza las modificaciones presupuestarias, simplifica las ayudas de emergencia y las subvenciones, suspende contratos no esenciales, autoriza pagos anticipados y permite el endeudamiento a corto plazo hasta un 20% de los créditos iniciales del presupuesto --1.700 millones-- para inyectar liquidez al sector público.

Estas medidas económicas, ha señalado, se complementan con otras vinculadas al personal que facilitan la ejecución de las actuaciones en las consejerías y la reorganización del Gobierno desde el “mando único” que facilita la movilidad del personal.

La portavoz del Grupo Mixto (Cs), Vidina Espino, lamenta la falta de ayudas para empresarios y autónomos, más allá de complementar las del Estado, criticando que no evitan “el naufragio económico”.

Ha solicitado que el Gobierno regional asuma las cuotas de los autónomos para salvar empresas y puestos de trabajo y active un plan de pago a proveedores.

También ha reclamado suprimir cargas fiscales porque las empresas no tienen ingresos y subrayado que “lo más relevante” del decreto, el endeudamiento de 1.700 millones, no va acompañado por un plan de contención del gasto.

Espino no entiende que el Gobierno “se haya subido el sueldo” en medio de la crisis --en línea con la de todos los trabajadores públicos-- y no actúe sobre los “chiringuitos” del Ejecutivo.

ASG reclama el apoyo de todos para “una salida sólida”

Melodie Mendoza, de ASG, ha dicho que el decreto-ley es “fundamental” para hacer frente a la crisis derivada de la COVID-19, indicando que “habrá más” y deben ser consensuadas entre todos los grupos.

“Ahora no caben egos políticos”, ha comentado, resaltando que la colaboración es la única vía para que Canarias tenga una “salida sólida a la crisis”.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha apuntado que el cero turístico y el cierre a la movilidad ha generado un “desplome” en la actividad económica que abre la puerta a una “alarma social”.

En esa línea, ha apoyado los ERTE, las ayudas al alquiler y autónomos o el ingreso mínimo para que “nadie se quede atrás”, subrayando la “rapidez” con que se está actuando durante el estado de alarma.

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha comentado que las medidas sirven para afrontar la crisis y tratar de evitar la destrucción de empleo entre los autónomos y agilizar la concesión de ayudas y subvenciones.

Ha apoyado la operación de endeudamiento para dar liquidez al sector público y garantizar los servicios aunque ha asegurado que el decreto “no es suficiente” para combatir la crisis económica “que se viene encima”.

Por ello, espera el apoyo del Gobierno central y la Unión Europea a un plan de reconstrucción económica de las islas. “Canarias tiene derecho a un trato singularizado”, ha comentado.

Las medidas son “exiguas”, según el PP

Fernando Enseñat, del Grupo Popular, ha defendido la “lealtad” de su grupo pero ve “triste” que tras siete semanas de confinamiento las medidas son “exiguas”. “Están muy alejados de la realidad de Canarias”, ha subrayado.

Ha dicho que los autónomos “no han visto aún ni un solo céntimo” y los que mantienen la empresa abierta reciben “cero”, aparte de que se les sigue cobrando la cuota mensual.

Así, ha reclamado la rebaja de tasas, el aplazamiento del cobro del IGIC o una línea de avales en las islas ante el “fiasco” de los créditos ICO, aparte de “potenciar” el REF.

Ha pedido una reestructuración del presupuesto de 2020 y que el endeudamiento no sirva de “coartada” para justificar su “incompetencia”, al tiempo que ha afeado al Gobierno el artículo 17 del decreto.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha comentado que otras comunidades “llevan la delantera” a Canarias, con más de un mes de retraso para que los autónomos soliciten las ayudas.

Ha reclamado que haya medios más inmediatos y más seguridad jurídica, en línea con lo que plantea el Consejo Consultivo, y solicita nuevas medidas para acabar con el “calvario” de los autónomos y las pymes.

Ha puesto como ejemplo que “no se puede dejar caer” a las escuelas infantiles porque son necesarias cuando vuelva la actividad laboral al completo y espera que “de una vez por todas” el Estado permita utilizar el superávit y el endeudamiento a largo plazo.

En esa línea, también ha reclamado un plan de apoyo singular para Canarias.

Iñaki Lavandera, del Grupo Socialista, ha valorado la línea de ayudas para los autónomos, la reducción de trámites administrativos y la garantía de liquidez para la comunidad autónoma.

El diputado cree que el uso del superávit y el endeudamiento a largo plazo “llegará”, defendiendo también otras medidas sectoriales puestas en marcha por las diferentes consejerías.