Acuerdo entre Gobierno y municipios sobre la ley de Policías Locales
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, José Miguel Ruano, y el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Ramón Miranda, suscribieron este miércoles un acuerdo de respaldo al proyecto de ley de Policías Locales, en el que se introducirán enmiendas para acomodar su contenido a este pacto.
El proyecto de ley del Sistema Canario de Seguridad y de Modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales está en trámite parlamentario y el Ejecutivo quiere que se apruebe en el pleno del 28 de marzo, el último previsto en esta legislatura.
El acuerdo supone la introducción de enmiendas para que el previsto rejuvenecimiento de las plantillas de las policías locales y la reclasificación profesional no suponga cargas adicionales para las arcas municipales y que el coste sea asumido por la Comunidad Autónoma.
José Miguel Ruano hizo un llamamiento a “la responsabilidad” de los grupos parlamentarios para que apoyen el proyecto de ley, por la importancia de que “vea la luz en esta legislatura”, y consideró que “hay condiciones sobradas” para que el pleno de la Cámara le dé el visto bueno el 28 de marzo.
“Espero que la proximidad de los comicios no empañe” la aprobación del proyecto de ley de Policías Locales, dijo Ruano, quien hizo un particular llamamiento al PP, con el que el Gobierno va a negociar incluir algunas consideraciones sobre la regulación de las situaciones de emergencia.
Ruano criticó “el doble discurso” del PSOE, por haber manifestado que el sistema de seguridad canario debe abordarse en la próxima legislatura.
El consejero explicó que gracias a este acuerdo con los municipios canarios, los policías locales de 63 años podrán dejar la actividad y la Comunidad Autónoma garantiza la financiación de un agente durante esos dos años que faltan para el retiro.
De esta manera se contribuye al rejuvenecimiento de las plantillas, explicó Ruano.
Además, en la reclasificación profesional de los agentes, que se adopta con carácter excepcional al aprobarse la Ley, la Comunidad Autónoma asumirá en sus presupuestos el coste de la diferencia por el cobro en los trienios que supone a los agentes ascender de categoría funcionarial.
El presidente de la Fecam, Ramón Miranda, explicó que los municipios han acordado con el Gobierno canario que la reclasificación profesional tiene carácter excepcional, de manera que no puede convertirse en una reclamación laboral por parte de los funcionarios policiales.
Miranda indicó que el acuerdo garantiza que la Comunidad Autónoma asume el incremento de las subvenciones a los ayuntamientos para la adquisición del equipamiento común de las policías locales.
Además, se ha acordado la creación de una subcomisión entre los municipios y el Gobierno de Canarias para definir la coordinación entre las policías locales.
Ramón Miranda expresó su satisfacción por un acuerdo que supone “el mejor posible”, puesto que el proyecto de ley podría haberse aprobado sin negociar su contenido con la Fecam.
El presidente de la Fecam elogió la sensibilidad del Gobierno de Canarias con el municipalismo, y en particular la de José Miguel Ruano.
El consejero señaló que aunque la intención del Gobierno era la creación de la policía autonómica, la oposición de PP y PSOE lo impidió.
Pero destacó que es necesario mantener de aquel proyecto las previsiones sobre seguridad y coordinación de las policías locales incluidas en esta nueva iniciativa.
Con la coordinación de las policías locales y las emergencias se pretende un modelo de seguridad pública distinto al que depende del Estado, de manera que el rejuvenecimiento y la reclasificación de las plantillas no suponga un incremento del gasto para los municipios, de ahí las enmiendas acordadas.
Limitaciones del Estado
José Miguel Ruano afirmó que la pretensión del Gobierno canario es que los servicios de la Administración del Estado se reduzcan y sólo permanezcan los destinados a defensa y los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.
Ruano, en respuesta a una pregunta de la diputada del grupo Popular Carmen Nirva Macías sobre exclusión de los funcionarios de la Administración del Estado en Canarias en la revisión del plus de residencia, indicó que esta reducción es “necesaria e imprescindible”.
Indicó que este adelgazamiento de la Administración del Estado favorecerá el autogobierno en Canarias y reiteró que la presencia administrativa estatal se debe limitar a la referida a materia de defensa y seguridad.
No obstante, Ruano dijo que hasta que ello se produzcan no comparte que el plus de residencia que reciben los trabajadores de la Administración del Estado en Canarias no se haya actualizado como sí se ha hecho con el que reciben otros trabajadores de otras comunidades autónomas como Baleares.
En este sentido, la diputada del grupo Popular Carmen Nirva Macías dijo que el pasado 6 de febrero, fecha en la que se firmó la actualización de estos pagos, se produjo un nuevo acto de desprecio y de mentira del PSOE hacia los trabajadores canarios.
Municipalismo
El consejero de Presidencia y Justicia aseguró en el pleno del Parlamento que el municipalismo es la base administrativa de Canarias y agregó que “estamos trabajando en el desarrollo del municipalismo y lo seguiremos haciendo en la siguiente legislatura”.
En una comparecencia parlamentaria, instada por el PP, sobre corporaciones locales, expresó que “nuestro trabajo en la consejería en últimos tiempos está centrado en diseñar un Pacto Local canario”.
“Las transferencias hacia los cabildos se ha producido y ahora el segundo proceso es el trabajo de los cabildos a los ayuntamientos”, agregó el consejero.
Ruano destacó como logro la creación del fondo canario de financiación municipal, algo que solo tiene el País Vasco.
Santiago Pérez, del grupo Socialista, dijo que no se puede hacer un grupo inseparable ente cabildos y ayuntamientos porque no son la misma cosa; “los cabildos cuando han tenido bonanza han empezado a meterse en vericuetos que son municipales, pero cuando los cabildos han tenido que asumir nuevos servicios han tenido que replegar velas de espacios que eran de competencia municipal”.
“Los municipios canarios han mejorado su situación, participan de los fondos financieros que otorga el estado y tienen desahogo económico”, aseguró Pérez.
José Miguel González, portavoz de CC, negó que las corporaciones locales sean menor de edad, como apuntó el portavoz del PP.
El portavoz nacionalista dijo que CC había conseguido sanear las corporaciones locales y había mejorado la financiación de las corporaciones locales.
Aseguró que los ayuntamientos son mayores de edad con recursos suficientes y gran parte de sus problemas es que no existe una ley de financiación, algo que debe hacer el Gobierno del Estado.
Jorge Rodríguez, del grupo Popular, señaló que hablar de corporaciones locales es hablar del maltrato financiero por parte del Gobierno, “que los trata como menores de edad”.
“El proceso de trasferencias a las comunidades autónomas está prácticamente culminado, pero los cabildos y ayuntamientos siguen enclavados en un 13 por ciento del gasto”, agregó.
“CC ha maltratado a las corporaciones locales en cuanto a financiación se refiere”, subrayó.
“Cabildos y ayuntamientos no deben ser los parientes pobres y deben ser fundamentales en nuestra organización territorial”, indicó el portavoz Popular.
