La jueza Alaya reclama documentación y el Cabildo de Lanzarote entrega expedientes a la oposición

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés.

Diario de Lanzarote

La jueza Mercedes Alaya ha librado un mandamiento al Cabildo de Lanzarote para que facilite un expediente de jardinería y limpieza por importe de 174.150 euros adjudicado a Fitonovo y otro expediente por 236.088 euros.

Alaya pide los contratos por los que el exfuncionario del Cabildo Ulises Pérez presuntamente recibió comisiones

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La magistrada ha citado el 8 de enero para que declare como imputado al representante legal de la empresa Fitonovo, a la que acusa, en el marco del caso Enredadera, de formar una "organización criminal jerarquizada" que se extendió por todo el país pagando sobornos a políticos y a técnicos para obtener contratos públicos. En el procedimiento judicial está imputado el consejero Sergio Machín, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, al que se le atribuye un presunto delito de cohecho.

Por otra parte, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha asegurado este jueves que ha cumplido con el compromiso adquirido durante el pasado pleno de debate sobre el estado de la Isla, “de facilitar cuanta información sea necesaria para que pueda ser investigada la implicación de la institución y de cualquiera de sus representantes en la operación judicial del denominado como caso Enredadera”.

Alternativa Ciudadana pidió una comisión de investigación que fue rechazada al considerar que ya se estaba investigando en sede judicial, si bien se adoptó el compromiso de entregar los expedientes. Así, este martes se notificó que los expedientes completos relacionados con la entidad Fitonovo SL están disponibles en el Departamento de Contratación de Obras, Servicios y Suministros.

En concreto, se trata de los expedientes 107/2004, 073/2005 y 083/2005, todos ellos del Servicio de Jardinería y Limpieza de las Zonas de Dominio Público, Servidumbre y Afección de las Carreteras dependientes del Cabildo de Lanzarote.

El presidente, “a petición propia”, compareció para dar cuenta de estos contratos, y entregó un informe “donde queda reflejado que el procedimiento administrativo de cada uno de los expedientes de contratación reseñados cumplió con todos los requerimientos establecidos en la legislación aplicable de contratación pública”.

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