El anuncio de la ley ''ya ha paralizado desalojos“
La consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, ha asegurado que “el reto más importante de esta legislatura es la reforma de la Ley Canaria de Vivienda” que en estos momentos está elaborando el Ejecutivo regional.
Una modificación “clara, firme y contundente” con el objetivo de fomentar la ocupación efectiva de las viviendas y evitar el desalojo de familias con especiales dificultades como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria.
“Miren ustedes si es importante, que ya solamente el mero anuncio de que se iba a reformar ha paralizado los desalojos de familias por parte de entidades financieras”, ha asegurado Rojas en la comisión parlamentaria.
La consejera, que ha comparecido a petición de la diputada del Grupo Mixto Carmen Hernández (NC), ha recordado que la exposición pública del anteproyecto de Ley ha concluido el pasado 15 de junio, y al mismo “no se han presentado demasiadas sugerencias, pues ya incorporamos en su momento las de la Plataforma Antidesahucios”.
Por tanto, en breve se remitirá al Consejo Consultivo y la propia Rojas considera que “inmediatamente después del verano” se enviará al Parlamento para que se tramite “por la vía de urgencia” al inicio del período de sesiones que comienza en septiembre.
Regular el mercado libre
“Por primera vez en Canarias se regula de forma firme el mercado libre de la vivienda”, ha insistido Rojas, pues en la situación actual, con un considerable stock de 130.000 viviendas vacías que no son vendidas, no parece lógico que las políticas públicas en materia de vivienda sigan básicamente centradas en la vivienda protegida.
Asimismo, la Ley señala expresamente la función social de la vivienda y, por ello, establece medidas ordinarias y extraordinarias para garantizarla.
La más polémica, la expropiación del uso de la vivienda a las entidades financieras adjudicatarias de las mismas tras un proceso de ejecución hipotecaria, constituye una medida para supuestos excepcionales y se articula a través de un procedimiento expropiatorio con todas las garantías y respetuoso con los derechos de las entidades financieras titulares de derechos de propiedad sobre las viviendas.
La diputada Carmen Hernández, si bien consideró que el texto es “un tímido intento” para afrontar el drama social que se está viviendo en las Islas, apoyó al Ejecutivo regional para que “afronte este reto” en los mismos términos que la Junta de Andalucía.
Por su parte, la diputada conservadora Mayte Pulido manifestó su sorpresa de que el Gobierno hable de expropiaciones forzosas cuando cuenta con 900 viviendas vacías y que haya familias sin casa cuando el Ejecutivo mantiene cerradas varias del parque público.
“El Gobierno de canarias no tiene viviendas vacías, sino 443 en período de adjudicación” para ser alquiladas, contestó Rojas, “pues es un proceso tasado que no puede ser acelerado para que cuente con todas las garantías”.
