La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional reclamará contra el decreto autonómico
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha citado para el 7 de septiembre en Madrid a la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional para abordar su reclamación contra el decreto autonómico que regula el sector, que a su juicio deja fuera al 12% del PIB turístico.
La presidenta de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, realizó este anuncio este viernes en rueda de prensa que ofreció junto a representantes de diferentes colectivos sociales, profesionales y partidos políticos que apoyan a la entidad en su petición al Gobierno de Canarias de que modifique el decreto.
Doris Borrego precisó que se ha pedido al Gobierno regional que modifique de forma urgente el decreto 113/2015 que regula las viviendas vacacionales en Canarias, que suspenda los artículos 3.1 y 3.2 y que paralice el régimen sancionador que puede derivarse de ellos.
En concreto, el arquitecto y urbanista Hugo Luengo detalló que el primer artículo citado crea una nueva categoría alojativa, la de la vivienda vacacional, que luego prohíbe en el segundo artículo al establecer que no será posible su uso en zonas turísticas, lo que implica “dejar fuera de juego al 12% del PIB” del turismo canario.
Por este motivo la ASCAV considera que se ha dejado fuera de regulación al 90% de los propietarios de viviendas vacacionales del archipiélago, lo que afecta a unas 53.000 familias, según Doris Borrego, quien manifestó no obstante que miembros de Coalición Canaria han expresado su voluntad de modificar este decreto.
“Canarias da una imagen de inseguridad jurídica y da a la espalda a 1.300.000 turistas que visitan las islas”, añadió Doris Borrego, pues se excluye a las viviendas que realizan este servicio de poder competir en las zonas turísticas al tiempo que se permite a grupos hoteleros que posean bloques residenciales convertirlos en apartamentos turísticos.
Al respecto Hugo Luengo calificó el decreto de “monstruo jurídico” porque “no hay por dónde coger sus errores técnicos” y lamentó que ni siquiera se tenga en cuenta el gasto que efectúan en el propio destino frente al desembolso que propician “los hoteles de las pulseritas”, en alusión al régimen de “todo incluido”.
José Cuevas, presidente de la Asociación “Casitas La Palma”, señaló que en las islas hay unas 4.000 camas de viviendas vacacionales, la tercera parte de las plazas alojativas en la isla y el 17% del PIB insular, por lo que lamentó “el vil engaño” que en su opinión ha realizado el Gobierno de Canarias con el sector.
La presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, Carmen Suárez, dijo que su organización ha presentado una queja ante el Diputado del Común de Canarias por considerar que el decreto restringe la libre competencia, pues cuanto también afecta al ejercicio profesional de este colectivo en zonas turísticas.
El presidente de la Federación de Autónomos de Canarias, Antonio González, afirmó que no se entiende cómo el Gobierno canario con esta regulación “va en contra del sentido común y las tendencias internacionales del turismo”, y animó a tender “puentes de unidad” para que “todas” las actividades económicas funcionen.
Víctor Sánchez, presidente de Asociación de Empresarios de Playa de las Américas y Costa Adeje, subrayó que las viviendas vacacionales son muy relevantes para la economía local de la zona en la que se desarrollan, al contrario del modelo del todo incluido, y el presidente de la Asociación de Empresarios de Adeje, Jordi Esplugas, criticó a los “lobbies” que se han escudado en que esta actividad supone una competencia desleal.
Jesús Samaniego, del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, advirtió de que con la nueva regulación autonómica se excluye y perjudica a otros operadores económicas y no garantiza que haya un trato correcto en los arrendamientos.
Asimismo, el abogado y representante del grupo de inversiones italiano Ciccone y Asociados, Ismaele Umberto De Nuffo, aseveró que el decreto ha generado incertidumbre en las previsiones de invertir en Canarias, y recordó que las islas han recibido en lo que va de año a unos 30.000 turistas de su país.
También mostraron su apoyo a la ASCAV Mariano Cejas, del partido Ciudadanos, quien calificó el decreto de “jarro de agua fría”, y Atilano Sastre, de UPyD, quien reclamó una regulación justa porque “el turismo en Canarias tiene que ser de todos, no de unos pocos”.
