El Ayuntamiento no informó a Costas del inicio del 'mamotreto'
El ingeniero jefe de Demarcación de Costas en Santa Cruz de Tenerife, Carlos González, sostuvo ante la jueza de Instrucción 2 de Santa Cruz de Tenerife, que investiga el caso Las Teresitas, que si bien el mamotreto “no invade dominio público marítimo terrestre”, también es cierto que Costas no fue informada de varios de los pasos esenciales para el inicio de esa obra, ni Costas preguntó por ellos.
González acudió el pasado 29 de octubre al juzgado en calidad de testigo. A preguntas de la jueza Juana María Hernández y la fiscal Inmaculada Violán, declaró que Demarcación de Costas no recibió (o, al menos, a él no le consta), ni el acta de replanteo previo (“no fuimos invitados a la sesión que hubo donde se reunieron los técnicos ?del Ayuntamiento- para iniciar el acta de replanteo”), ni el inicio de la ejecución de las obras, ni las diferentes resoluciones que el Consejo Rector, dependiente de la Gerencia de Urbanismo, fue dictando desde 2004 sobre el expediente de ordenación del frente marítimo de Las Teresitas, hasta que en 2007 llegó la sentencia del Tribunal Supremo que anuló su compraventa.
Pero tampoco Demarcación de Costas dirigió ningún escrito al Ayuntamiento tras conocerse que el 17 de diciembre de 2004 se aprobó el proyecto de urbanización de la playa y el 10 de noviembre de 2005, el expediente de contratación del proyecto.
En una serie continuada de pasos dados y retrocedidos, el testigo, que no fue ingeniero jefe de Costas hasta 2005, pero antes era jefe de Servicios y Obras en la misma demarcación, explicó que el primer escrito que remite al Ayuntamiento es el del 20 de abril de 2006, en el que solicita un informe que debe figurar en el expediente sobre el nuevo deslinde, al tiempo que le informa de que se suspenden las licencias obras de forma cautelar en el ámbito de ese deslinde, a lo que el Ayuntamiento contestó que “el deslinde para ellos estaba en el muro de la playa”.
Sospechas
Sin embargo, las obras quedaban supeditadas a la firma de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ayuntamiento, pero no se firmó porque el TS anuló la compraventa del frente de playa. “Existían dudas de si el Ayuntamiento era el propietario o no de los terrenos que tenía que ceder al dominio público”, dijo el ingeniero. Parte de esos terrenos eran las parcelas que ahora deben devolverse a sus propietarios.
En cuanto al modificado 1, esa ampliación subterránea del llamado Mamotreto para plazas de parking, el ingeniero jefe aseguró que tampoco fue informado, sino que se enteró “por sospechas”.
Pasaron siete meses, de mayo a diciembre de 2007, desde que el TS dictó sentencia hasta que Costas dirigió un escrito al Ayuntamiento recordándole que no había convenio firmado, y también que no había autorizaciones para obras, pero el testigo alegó que se estaba a la espera de otro informe que se había solicitado al abogado del Estado.
Dos metros de invasión
El mamotreto no invade dominio público ya que el nuevo deslinde 2009 coincide con el de 1961, insistió Carlos González a preguntas del abogado de la concejala de Urbanismo Luz Reverón (CC), “ni necesitaba título habilitante”, nada salvo una autorización de la Comunidad Autónoma para poder invadir su zona de servidumbre.
Sin embargo, el plano inicial de todo el proyecto sí invadía espacio público. Afirmó que existe un plano “que es anterior, y que lo hicieron cree que en 2008, elaborado por el Jefe de Dominio Público, que se llama José Antonio Troya Martínez y su equipo, y que ese plano refleja que la situación actual y el deslinde, de lo que se deduce que esa edificación, de haberse ejecutado, hubiese invadido dos metros aproximadamente de dominio público todo el frente”.
