El tripartito de Las Palmas de Gran Canaria acusa al PP de dejar un agujero de 18 millones en Emalsa
El concejal de Aguas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el socialista Roberto Santana, ha acusado este jueves al anterior gobierno municipal, del PP, de “generar un agujero” económico a la ciudad que puede llegar a 18 millones de euros por su “mala gestión” de los pagos a Emalsa.
Una compañía esta, la empresa mixta de aguas de la capital, a la que la corporación deberá abonar 7,2 millones de euros por el impago de las facturas del servicio de saneamiento comprendidas entre enero de 2013 y abril de 2014, según una sentencia judicial conocida este miércoles que Santana ha dicho que es producto de errores del mandato del PP y que puede abocar al Ayuntamiento a un desembolso mucho mayor.
Puesto que, según ha explicado, el Ayuntamiento ha seguido sin pagar a Emalsa las cantidades facturadas en concepto de saneamiento entre mayo de 2014 y diciembre de 2015, que, sumadas a los 7,2 millones de euros que le condena a pagar la referida sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, y añadidos los intereses aplicables, harían una deuda de 18 millones.
Todo ello ha llevado a que los actuales gobernantes de la corporación, PSOE, LPGC Puede y NC, estén “bastante preocupados, porque estamos hablando de muchos millones”, ha destacado el edil socialista, que, en una rueda de prensa urgente convocada para hablar de la resolución judicial, ha acusado de lo ocurrido al equipo del anterior alcalde, Juan José Cardona, del PP.
Porque se trata de “un agujero que ha generado el gobierno anterior, con el señor Cardona al frente”, en la arcas municipales, ha asegurado.
Como argumentos de sus afirmaciones, Roberto Santana ha expuesto que la sentencia da la razón a Emalsa en su reclamación de que se le pagaran las citadas facturas, que los gobernantes populares rechazaron porque los servicios técnicos que debían darle su visto bueno sostenían que no estaban correctamente justificadas, aduciendo que antes siempre se las habían abonado sin plantear problemas.
Y eso “era algo que venía ocurriendo desde que se firmó con Emalsa el contrato que regula el servicio, en 1998, y hasta 2012”, ha subrayado el concejal.
El recurso, pendiente de estudio
El responsable municipal de Aguas ha admitido que el dictamen de los servicios técnicos sobre las facturas era, en principio, vinculante para los gobernantes del Ayuntamiento, como ha sostenido Cardona para defender su decisión de no pagarlas, pero ha afirmado que se pudo recurrir a otras vías para resolver el problema antes de que llegara a los tribunales.
“Se ha llegado a judicializar un proceso que tenía que haber resuelto el propio Ayuntamiento”, han sido las palabras de Santana, que ha opinado que la corporación pudo abrir una negociación con Emalsa para tratar de lograr un acuerdo en torno al asunto y, de no obtener resultados por ese camino, recurrir a aplicarle una sanción administrativa o a otras medidas a su alcance pero no al impago.
“Desde nuestro punto de vista, la gestión anterior no ha sido la correcta, porque no ha defendido los intereses del Ayuntamiento ni de los ciudadanos”, como demuestra el hecho de que pueden verse abocados a tener que abonar entre 1,5 y 2 millones de euros solo en concepto de intereses a Emalsa si finalmente reclama la deuda de 18 millones que podría demandar, ha concluido.
Preguntado por cuál va a ser la actuación de la corporación respecto a esta cuestión a partir de ahora, Roberto Santana ha dicho que todavía “el Ayuntamiento está explorando las consecuencias” del problema y cómo proceder ante esta sentencia, que no se sabe si se recurrirá o no, aunque admite la presentación de un recurso, porque primero se desea aclarar si eso no podría agravar la situación.
“Va a depender de ver si recurrirla es gravoso para el Ayuntamiento, porque nos vaya a costar más dinero”, ha dicho el edil, que ha insistido en que, en cualquier caso, el dictamen judicial “obliga a sentarse con Emalsa” para negociar una solución al conflicto que ha apuntado que podría pasar por acordar un pago a plazos de la deuda del Ayuntamiento.
