Ben Magec señala una ''clamorosa'' desviación de poder en Granadilla
El grupo ecologista Ben Magec ha señalado en la demanda formal presentada en la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -tras la publicación de un decreto por parte de la Consejería canaria de Medio Ambiente- que con las descatalogación del sebadal de Granadilla (Tenerife) para la construcción de un puerto industrial se ha producido una “clamorosa” desviación de poder.
Según han argumentado en dicha demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, “desde el primer documento del expediente administrativo se expresa claramente el deseo de los representantes de las administraciones implicadas es descatalogar parte de esa especie porque estando protegido esta no puede realizarse la obra portuaria”.
Esta decisión sólo podría llevarse a cabo -según la normativas de protección de las especies existentes en Canarias - “en supuestos muy excepcionales contemplados en la ley entre los que no se encuentra la eventualidad de la obra portuaria propuesta”; o que hubieran “desaparecido” los factores de amenaza que inciden sobre los sebadales; insistiendo, en que no se puede descatalogar solo una parte de la población protegida.
Estos argumentos fueron expresados por el Servicio de Biodiversidad de la propia Consejería de Medio Ambiente en al menos cuatro ocasiones, siendo siempre desestimados.
“Lo actuado por estas administraciones sólo puede entenderse en una clamorosa desviación de poder en la que incurre la Orden de 2 de febrero de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias por la que se excluye del catálogo de especies amenazadas a la población cymodocea nodosa localizada en Granadilla de Abona”, defienden en la demanda formal Bec Magec que ha logrado de momento paralizar de forma cautelar las obras del puerto industrial planeado para el sur de Tenerife.
Un obstáculo en forma de sebadal
En la demanda, se ha señalado que el único objetivo del decreto del 2 de febrero era el de “remover un obstáculo” para la construcción del muelle y no el de proteger la biodiversidad, de ahí que consideren que hay un desvío de poder -es decir, la Administración ha usado sus potestades para fines distintos de los previstos por el ordenamiento jurídico-.
Asimismo, se insiste en los informes no sólo de las administraciones públicas sino de entidades que sin ser de carácter privado abogan por la defensa del sebadal más importante de Canarias, recordando que el informe presentado por la Autoridad Portuaria de Tenerife es de una empresa privada que según la ley no está autorizada para este tipo de fines.
Los ecologistas han recordado que el Gobierno de Canarias promovió y sacó adelante el decreto para la descatalogación del ámbito en litigio a pesar de los informes negativos de los servicios de la propia administración y de las numerosas alegaciones presentadas contra el proyecto y que tal y como se ha señalado desde el TSJC en las resoluciones para la paralización cautelar de las obras no fueron tenidas en cuentas.
