La planta de biomasa sirve ahora al Gobierno de ejemplo de inversión estratégica que no cuaja
El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, ha insistido en sede parlamentaria que la controvertida Ley de Inversiones Urgentes “no es una puerta trasera” que suponga otorgar una ventaja a ciertos proyectos empresariales frente a otros. Es más, ha puesto el ejemplo de la planta de biomasa del Puerto de La Luz y de Las Palmas para demostrarlo.
“Una vez que el Gobierno autoriza el acortamiento a la mitad de sus plazos, empieza la tramitación del mismo ante las distintas consejerías, y es ahí donde se encuentra con un informe que dice que no cumple las exigencias que dice la Ley, entonces presenta uno nuevo y, otra vez, se le dice que continúa sin cumplirlos. Y eso sucede en la mitad de tiempo que antes. No es, por tanto, ninguna puerta trasera porque no se salta ningún informe”, ha asegurado.
Asimismo, ha afirmado que solamente existen informes sanitarios, “pero no sabemos si puede haber también impedimentos en el ámbito urbanístico”, toda vez que de momento la empresa no ha respondido si continúa adelante con el proyecto o no.
“Insisto en que el Gobierno no aprueba, solo autoriza el acortamiento de los plazos a la mitad en base a los procedimientos que están en la propia Ley, y no nos salimos de ellos”, reiteró Barragán.
Estos argumentos no convencieron al portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, que insistió en que la Ley “genera desigualdad”, al primar a unos empresarios frente a otros, e insistió en que en el caso concreto de la planta de biomasa, el Ejecutivo permitió el acortamiento de los plazos incumpliendo la propia Ley, que en su artículo 3 afirma que solo se considerarán estratégicos si los mismos cuentan “con los informes jurídicos que garanticen la adecuación a la normativa vigente en materia de protección del medio ambiente y ordenación del territorio, debiendo resultar compatible con el desarrollo sostenible de las islas, que se determinará en función de su capacidad de adaptación a la planificación territorial y sectorial”.
Para Rodríguez, está claro que cuando se calificó como estratégica la planta de biogas “se incumplió de forma flagrante la propia Ley”, e insistió en que “el propio presidente Clavijo ha asegurado que era una puerta de atrás, por lo que quedará sin efecto con la Ley de Suelo, que la agrandará de forma exponencial, además, gracias a su artículo 124 y siguientes”.
La portavoz de Podemos, Asunción Delgado, cuestionó “por qué se le dice sí a unos proyectos y por qué a otros no”, cuando se crearían más empleos destinando el mismo dinero público a subvencionar y potenciar microempresas.
En parecidos términos, el conservador Jorge Rodríguez afirmó que “todas las iniciativas que creen empleo deberían ser estratégicas para el Gobierno, lo único que tendría que hacer es cambiar la mentalidad para convertir a Canarias en una región amable y amigable para crear inversiones”.
“Esta Ley otorga criterios arbitrarios y discrecionales al Comité y bordea el interés general al vulnerar el principio básico de igualdad de oportunidades, remachó el portavoz del PP.
EL socialista Manuel Marcos Pérez consideró que “el empelo y la inversión son motivos más que suficientes” para considerar estratégico un proyecto, aunque al respecto la portavoz de Podemos insistió en que “también debería primar la excelencia, la sostenibilidad y la calidad de esos empleos”.
Para la nacionalista Socorro Beato, la Ley ha permitido que en 13 meses se haya dado vía libre a 61 proyectos que “van a crear 3.000 empleos durante la fase de construcción y unos 2.000 cuando entren en funcionamiento”.
Ante las críticas de discrecionalidad, insistió en que “ni el Comité ni el Gobierno aprueban los proyectos, los valora y declara si son estratégicos mediante un proceso reglado en la Ley”.
“Lo que no es viable jurídicamente, más rápido se deniega”, concluyó.
