El Cabildo confía en evitar el reembolso
El consejero de Presidencia y Hacienda del Cabildo tinerfeño, Víctor Pérez Borrego, confía en que el fallo final sobre la obligación que les ha impuesto el Estado de devolver 137,3 millones de euros de créditos suscritos en 2010 sea favorable a esta institución. El consejero apunta que la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ratifica que deben reembolsar desde ahora esta cantidad, se refiere a medidas cautelares que habían sido solicitadas con el fin de retrasar la aplicación del Decreto.
Sin embargo, Pérez Borrego apunta que están a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se pronuncie en breve y en primera instancia sobre el fondo de este asunto y les dé la razón. Pero en caso contrario indica que ya han establecido conversaciones con los responsables del Ministerio de Hacienda para intentar reconducir el conflicto.
Las alternativas pasarían por evitar un recurso del Ministerio ante el Supremo o bien por establecer la devolución de una parte de esta deuda, ya que considera que al menos 75 millones han sido “convalidados” y el resto, “ya veremos cómo lo podríamos afrontar”. El consejero se ha reunido hace algunas fechas con el entonces secretario general de Coordinación Financiera, Enrique Osorio, quien le comunicó que no iban a tomar una decisión, ni alcanzar un acuerdo extrajudicial hasta conocer la decisión judicial.
Pérez Borrego indicó que este contencioso se origina por un cambio súbito en los criterios que venía aplicando el Gobierno central, dirigido en ese año por José Luis Rodríguez Zapatero, que de un día para otro redujo los límites de endeudamiento. Así se pasó de permitir una deuda del 125% sobre los ingresos, a situarla mediante Drecreto en un 110%, justo cuando se aplicaron también otros recortes como la bajada de los sueldos de los funcionarios. Los créditos suscritos en aquel entonces, según el consejero, se emplearon en pagar inversiones como el tranvía, el servicio de guaguas, los hospitales, el museo Tea o el Auditorio.
Pero en cualquier caso quiere matizar que este endeudamiento “es perfectamente gestionable” y no hay problemas para afrontar los intereses y amortizaciones dentro de los presupuestos insulares. De hecho, el plan de ajuste aprobado por unanimidad recoge los plazos y forma de pagarlos.
El Estado anuló por Decreto las operaciones financieras realizadas aquel año porque consideraba que se estaban utilizando para refinanciar su propio endeudamiento. El consejero admite que es cierto, pero matiza que lo hicieron a través de deuda pública comprada a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC). “Esta alternativa ofrece un interés muy bajo aunque el problema es que hay que devolver el dinero en muy poco tiempo, aún así es la vía habitual a la que recurre el Gobierno canario, el Cabildo de Gran Canaria y el de Tenerife”.
En cualquier caso el consejero no quiere ponerse en el peor de los escenarios y confía en que la sentencia final les resulte favorable “porque los argumentos que han elaborado nuestros servicios jurídicos son muy sólidos”. Si se diera la circunstancia de que el fallo del TSJM es contrario a los intereses del Cabildo cabe la posibilidad de recurrir al Supremo. Pero lo cierto es que con la reciente sentencia en la mano se verían obligados a devolver a lo largo de este ejercicio ese dinero dado que no habría una resolución judicial firme hasta dentro de varios años. “Las medidas cautelares de forma general se suelen rechazar, por eso para nosotros ahora lo importante es el último fallo judicial”.
Borrego considera que fueron “víctimas” de una resolución sorprendente dictada en 2010 por el gobierno socialista “de un día para otro” cuando se redujo de forma drástica el límite de endeudamiento. A partir de aquí el ejecutivo del Partido Popular (PP) lo ha llegado a situar en el 75%, un objetivo que el consejero está seguro de que se podrá cumplir este año. En cualquier caso desde el Cabildo se considera que una resolución judicial favorable a sus posiciones “es de simple sentido común” dado que los límites de endeudamiento de esta Corporación siempre han estado dentro de lo marcado por el Gobierno central. “Y eso que ahora mismo cada mes nos vemos con el problema de que se cambian constantemente los criterios”, señaló por último.
