El Cabildo grancanario afirma que el Gobierno canario ''pone en peligro'' la atención a los mayores
El consejero de Política Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha planteado, a través de un escrito dirigido a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y presentado en la comisión de seguimiento del Plan Canario de Atención al Mayor Dependiente (PCAMD), su disconformidad con el nuevo método de financiación propuesto por el Ejecutivo autonómico, ya que “hace peligrar su futuro y en el algunos casos el presente”, como afirma en un comunicado.
El consejero advierte que desde el Gobierno de Canarias se ha producido “una suspensión unilateral del convenio” para la financiación del PCAMD, de manera que de un modelo de cofinanciación, en el que cada administración aportaba una cantidad, se pasa a un modelo en el que el Ejecutivo, reparte mediante el método de financiación directa 4,6 millones de euros, de un total de 8,6.
Quevedo critica en el escrito la “unilateralidad” del Gobierno autonómico y afirma que la situación que se “ha dado con el cierre del punto de encuentro” de Las Palmas de Gran Canaria, que el Cabildo se ha visto obligado a cerrar, dado el incumplimiento reiterado del Ejecutivo para asumir sus competencias y su parte de la financiación, podría darse también con el plan de atención a los mayores.
“El Gobierno deja en el aire el futuro de este plan y a sus usuarios”, afirma el consejero que asegura además que ahora comprende el retraso de la puesta en marcha de la segunda fase del PCAMD que no es otra que la intención que tiene el Gobierno de Canarias de “no desarrollarla perdiéndose así 900 plazas entre centros de días y plazas residenciales”.
Pero además Quevedo indica que esto supone que el Cabildo de Gran Canaria tendrá que afrontar un “sobrecoste” anual, de 2,7 millones de euros, que ha adelantado para mantener 135 plazas de alto requerimiento contempladas en la segunda fase del PCAMD que no va a ponerse en marcha. Este sobrecoste adquirirá ahora carácter permanente “lesionando gravemente los intereses del Cabildo y de los usuarios”.
Quevedo critica la actitud “autoritaria” del Gobierno de Canarias que se “contrapone” con la búsqueda del diálogo y el consenso que se ha ofrecido no sólo por parte del Cabildo grancanario sino de todos los cabildos insulares. Han sido reiterados los llamamientos para unificar las normas canarias y las contempladas en la Ley de Dependencia a que esta obligado el Ejecutivo por las leyes de presupuestos desde 2007 a formular un plan en materia sociosanitaria, y que ha incumplido reiteradamente.
El Gobierno de Canarias está “ahogando” a los cabildos insulares “haciéndoles aumentar sus esfuerzos financieros en materias que son competencia de todos y está tratando de compensar con los fondos del Estado para le Ley de Dependencia lo que está dejando de aportar”. Una situación que ha sido denunciada por el Cabildo de Gran Canaria anunciando en el comunicado que “no va a tolerarla y que va a emprender el inicio de las actuaciones legales que corresponden para dar respuesta a esta imposición”.
