Canarias contará con su propio Consejo del Sector Audiovisual
El Archipiélago contará con un Consejo Canario del Sector Audiovisual (CCSA) para “controlar el cumplimiento de las obligaciones” que rigen la actividad del sector. Al igual que otras comunidades autónomas, Canarias ha decidido crear un organismo administrativo en base a la figura de autoridad independiente de regulación.
Según señala en un comunicado Díez & Romeo Abogados, se trata de una entidad que se configura sobre “la organización profesionalizada, la independencia y la neutralidad en su funcionamiento”. El CCSA verá la luz transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de la Ley, pendiente de aprobar.
En el anteproyecto de Ley se busca como finalidad principal del CCSA “velar por el respeto y el cumplimiento de los valores y principios constitucionales y legales que rigen la actividad de la industria audiovisual”. Para ello tendrá, entre otras, las funciones de asesorar a las instituciones canarias a través de dictámenes, realizar informes previos sobre proyectos de leyes audiovisuales y sobre las bases de los concursos públicos de Radio FM y TDT, informar sobre las propuestas de adjudicación y sobre las operaciones de venta o alquiler de las licencias, realizar inspecciones e imponer sanciones, fomentar la autorregulación y los códigos deontológicos, garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público radio y televisiones públicas, y ser mediador en los conflictos entre operadores.
Composición
El CCSA estará compuesto por “siete personas de trayectoria relevante en el sector audiovisual, cultural, universitario y asociativo, que serán elegidos por un período de seis años, pudiendo ser reelegidos sólo una vez”. Cinco de esos miembros saldrán del Parlamento de Canarias y los otros dos serán elegidos por el Gobierno.
La organización se estructura en torno a un presidente, un vicepresidente, un secretario y un posible director general, además del resto de consejeros. Todos serán sometidos “a un férreo régimen de incompatibilidades” de las que destacan la imposibilidad de tener interés en medios de comunicación de cualquier tipo, empresas de publicidad o de producción de contenidos.
Los acuerdos se adoptados por el CCSA serán por mayoría simple, a excepción de algunos que necesitarán mayoría absoluta, como la imposición de sanciones, la emisión de informes preceptivos, la aprobación y modificación de su reglamento de funcionamiento, y la aprobación del informe anual a presentar en el Parlamento de Canarias.
En el anteproyecto se articula un proceso sancionador explícito que culmina con una decisión que puede ser impugnada ante los Tribunales. Igualmente, el texto legal determina tres tipos de infracciones: muy grave, grave y leve. Las infracciones muy graves se castigarán con multa de 100.000 a 500.000 euros, las graves de 50.000 a 100.000 euros, y las leves hasta 50.000 euros.
Díez & Romeo Abogados apunta que en los próximos meses se conocerán los pasos dará el Gobierno de Canarias en torno a la forma definitiva que tendrá el CCSA.
