''La comisión del Canódromo respetará de forma exquisita la presunción de inocencia''
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra, ha remarcado este miércoles que la comisión de investigación puesta en marcha para esclarecer las circunstancias que rodean al caso Canódromo es de carácter “estrictamente político”.
En manifestaciones recogidas por la agencia de noticias Acn Press, Saavedra advirtió de que si finalmente existen responsabilidades legales en la operación “habría que argumentar su conexión con los políticos”, en referencia al ex alcalde de la ciudad, José Manuel Soria.
“[Los políticos] no están dando órdenes como piensan algunas mentes calenturientas”, afirmó el regidor municipal durante un acto público en el que participó la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín. “La vida de los políticos es mucho más normal de los que nos atribuyen como consecuencia de actos de corrupción lamentables”, dijo.
Sin embargo, Saavedra reconoció que “este no es el caso” y afirmó que cada decisión que se tomen en el seno de la comisión, cuyas conclusiones se conocerán en septiembre, respetará de forma “exquisita” la presunción de inocencia.
“No estoy dispuesto a parrafitos que parecen que nos metemos en materia judicial”, advirtió el alcalde de la capital grancanaria, en referencia al texto final que en estos momentos negocian Compromiso y el PSC, los dos únicos miembros de esta comisión. En cuanto al texto, no quiso valorarlo por su carácter “provisional”.
''Mala práctica urbanística'' de Soria
Este proyecto se encuentra en una comisión de investigación y sus conclusiones provisionales se hallan aún en fase de negociación por parte del PSOE y Compromiso, según Canarias7.
En estas conclusiones se señala el “escaso interés en la defensa de los intereses generales” y “la mala práctica urbanística” de Soria durante su estancia en el ayuntamiento capitalino.
El escrito critica la “soberbia habitual por parte de los gobiernos municipales del PP” y concluye que la permuta del suelo del parque del Canódromo se trató de una “operación especulativa donde el principal beneficiario fue la empresa intermediaria”, que habría obtenido 9 millones de euros.
El documento remarca que “la posibilidad de afrontar indemnizaciones millonarias es fruto de la práctica de un urbanismo fallido aplicado por parte del Partido Popular”.
