La capital se adhiere al Fondo Social de Viviendas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves la adhesión del municipio al convenio para la creación de un fondo social de viviendas impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Con este fondo se facilita el acceso a una vivienda en régimen de alquiler social, propiedad de las entidades bancarias, a las familias afectadas por una orden de desahucio, con el objeto de mejorar la situación de aquellas que se encuentren en especial vulnerabilidad social, indica el Ayuntamiento en un comunicado.
Con esta iniciativa el Ayuntamiento se une a otros municipios de Canarias y del resto del país para que las personas del municipio desalojadas de su primera vivienda, puedan acceder a una segunda con un régimen de alquiler acorde con sus necesidades.
El Consistorio capitalino ya se ha iniciado las negociaciones con las entidades bancarias adscritas a dicho convenio, para que faciliten al municipio la bolsa de viviendas disponibles y agilizar los trámites para el acceso de estas viviendas a los ciudadanos.
En concreto, incluye la creación de un fondo social de vivienda por parte de las entidades financieras que se adhieran a este convenio, y cuyos beneficiaros serán las familias con una orden de desahucio a partir de enero de 2008, que tendrán que cumplir unos requisitos relacionados con los miembros de la unidad familiar, los ingresos de dichos miembros y si existe alguna víctima de violencia de género.
El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino se encargará, a petición de la entidad bancaria, de elaborar un informe sobre la necesidad o riesgo social del solicitante de vivienda, con el objeto de priorizar y agilizar la adjudicación de las viviendas.
Además, la renta del arrendamiento se fijará entre un mínimo de 150 y un máximo de 400 euros al mes, y la duración del contrato será de 2 años, con posibilidad de prórroga durante un año más.
El convenio establece que las solicitudes de vivienda por parte de los demandantes, se presentarán a la entidad bancaria del préstamo hipotecario cuyo impago haya originado el desalojo de la vivienda habitual del solicitante, y serán las entidades de crédito, las que evalúen el cumplimiento de los requisitos previos tras el informe recibido por parte de los Servicios Sociales municipales.
