CC exige la destitución del fiscal general del Estado por conducta ''irregular''
Coalición Canaria (CC) reclamó este jueves al Gobierno español que destituya al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, a por conducta “irregular” en Canarias y de un incumplimiento “grave y reiterado” en sus obligaciones.
La formación nacionalista asegura en un comunicado que Conde-Pumpido “soslaya sus auténticas obligaciones” y toma partido en asuntos que no le competen, pues a su conducta irregular en Canarias se suma el “compadreo” del Fiscal General con los presidentes de Baleares y Extremadura, Jaume Matas y Juan Carlos Rodríguez Ibarra. CC asegura que el proceder del Fiscal General en relación con el caso Fórum Filatélico ha sido “cuestionado” y considera que son “incongruentes” las reuniones de Conde-Pumpido con Jaume Matas por el caso Andratx, y con el de Extremadura, Rodríguez Ibarra, que supuestamente le pidió amparo en relación con una información periodística sobre los atentados del 11 de marzo.
La postura de CC frente a la actuación del Ministerio Fiscal es “inamovible” y consiste en un respeto “absoluto” hacia el trabajo de jueces y fiscales, añade. Sin embargo, la formación pone en entredicho la total independencia que proclama el Gobierno central al recordar que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirma que no se dan instrucciones a los fiscales, pero “no dudaba en afirmar lo contrario cuando el PP gobernaba”.
La autonomía del Fiscal General está “en entredicho y cada vez son más las voces que así lo atestiguan”, afirma CC, que considera que las actuaciones de Conde-Pumpido “permanecen bajo sospecha”.
Preguntas en el Congreso de los Diputados
El portavoz de CC-NC en el Congreso de los Diputados, Paulino Rivero, ha dirigido varias preguntas al Gobierno para que aclare la actuación de la Fiscalía en el caso de Las Teresitas, en el que uno de los investigados es el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista Miguel Zerolo.
Además, Rivero, que también es presidente de CC, dirigirá en el pleno del próximo miércoles una pregunta oral al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, para que se pronuncie sobre si cree que “el Ministerio Fiscal goza de la debida autonomía en su funcionamiento”. Junto a esta pregunta oral, Rivero ha pedido respuesta por escrito sobre si el Ministerio Fiscal “ha sido consciente” de que investigaba a un aforado en el caso de Las Teresitas, en referencia a Miguel Zerolo, que además de alcalde es diputado regional.
El portavoz de CC-NC quiere saber también si se ha permitido hacer alegaciones a los investigados en este caso, ya que el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que se tomará declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas, indica la pregunta. La posibilidad de que en la práctica de diligencias del caso se hayan vulnerado los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa es otra de las aclaraciones que pide Paulino Rivero, quien pregunta así mismo si es el Fiscal General del Estado el que decide qué casos se abordan y “cuándo salen a la luz pública”.
Otras aclaraciones que pide Rivero sobre esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción es si se ha sobrepasado en más de un año el plazo para investigar o si existen dos investigaciones abiertas sobre el mismo caso de Las Teresitas.
“Una infamia y una ignominia”
Por su parte, el ministro de Justicia y candidato a la Presidencia del Gobierno canario por el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) consideró este jueves que CC solo pretende confundir a la sociedad al solicitar una comisión de investigación sobre la Fiscalía General: “Vivimos en un país de leyes, en donde es una infamia y una ignominia pretender que una investigación legal pueda estar siendo condicionada desde la esfera de la responsabilidad política”.
Además, Juan Fernando López Aguilar manifestó que “con este tipo de estrategias lo que se pretende es ocultar que lo que se está investigando merece ser investigado”. Es generar una “muralla de ruido” para que la gente no sepa que incidentalmente en el caso Fórum, en el que se han visto estafados 300.000 españoles y que implica a más de 3.000 millones de euros, han surgido documentos en los que aparecen los nombres y apellidos de cargos políticos en la isla de Tenerife.
En este sentido, el ministro recordó que la trama se orquestó a través de una empresa matriz localizada en Madrid con filiales por todo el Estado, una de las cuales ubicada en Tenerife y dedicada a las promociones urbanísticas. El juez Baltasar Garzón, instructor del caso, se topó con los documentos en donde se refleja que para hacer negocios en la isla había que contabilizar el pago de comisiones: “Esta es la realidad y esta es la verdad a la que se intenta ofender, y creo que traspasa la frontera del estupor para entrar en la ignominia el argumentar que a quién hay que investigar es al Fiscal General del Estado”.
Tras subrayar que no existen precedentes del desprecio que los dirigentes nacionalistas canarios han mostrado por la verdad, la instituciones y “las entendederas” de la sociedad isleña, el ministro señaló que las maniobras de CC en este asunto pidiendo que se abra una comisión de investigación sobre la Fiscalía General “raya el populismo” y “ofende y desprecia profundamente” a la gente “Yo creo que va a llegar el momento en mayo de 2007, en la que esos modos de gobernar, manipulando y manoseando las instituciones sin responder de nada, se va a acabar, porque van a ser puestos en su sitio por las urnas” concluyó Juan Fernando López Aguilar.
