CC y PP obvian un informe de la Audiencia de Cuentas
Los grupos de CC y del PP han obviado las irregularidades que en su momento detectó la Audiencia de Cuentas en la liquidación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 2008, el primero que elaboró José Manuel Soria como consejero de Economía y Hacienda y cuyo objetivo era afrontar la crisis económica.
Unas Cuentas que, sin embargo, se saldaron con un déficit de 205,9 millones de euros “derivado de un déficit de las modificaciones del Presupuesto inicial”.
No obstante, por unanimidad los grupos aprobaron la valoración positiva del grado de ejecución presupuestaria, que se situó en el 93,08%, aunque los ex socios del Ejecutivo rechazaron todas las propuestas socialistas que incidían en las irregularidades detectadas por la Audiencia.
En concreto, el organismo auditor aseguraba que “no se ha establecido un control de la gestión” mediante indicadores que permitan “el seguimiento y la verificación de la consecución de los objetivos”, por lo que el informe dictaminaba que “no puede verificarse el grado de su ejecución desde la perspectiva de la eficacia, la eficiencia y la economía”.
De esta manera, la Audiencia afirma que se incumple el artículo 31.2 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria “en relación con que las asignaciones presupuestarias se efectuarán tomando en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores”.
Estos datos han llevado al portavoz socialista, Sergio Roque. a recordar que “ya aseguramos que no era cierto que los Presupuestos fuesen para afrontar la crisis que el Gobierno dijo que se había adelantado en anunciar, motivo por el que tuvo que recurrir al endeudamiento para cubrir un déficit de 300 millones de euros porque no previeron la caída de ingresos”.
El portavoz socialista ha recordado que “el reto” de los Presupuestos de 2008 desde la perspectiva de las políticas de gastos públicos, según lo extraído del preámbulo para ese ejercicio, “era mejorar la prestación de los servicios públicos de carácter social y asistencial, principalmente orientados a las áreas de salud y educación”.
Sin embargo, el informe asegura que “no se ha establecido un control de la gestión” mediante indicadores que permitan “el seguimiento y la verificación de la consecución de los objetivos”, por lo que “no puede verificarse el grado de su ejecución desde la perspectiva de la eficacia, la eficiencia y la economía”.
De esta manera, se incumple el artículo 31.2 de la Ley de la Hacienda Pública Canaria “en relación con que las asignaciones presupuestarias se efectuarán tomando en cuenta el nivel de cumplimiento de los objetivos en ejercicios anteriores”.
La Audiencia también incidió en que “con respecto al ejercicio 2007, las transferencias de capital recibidas por el ente público Radiotelevisión Canaria aumentaron en un 60,3% y las corrientes en un 33,2%”.
Además, la Audiencia resaltaba que la Administración General de la Comunidad Autónoma “no aporta la información referida a las desviaciones de financiación relativa a los gastos con financiación afectada”, un aspecto que es vital “para la obtención del superávit o déficit de financiación del ejercicio y del Remanente de Tesorería ajustado”.
Por tanto, la información contenida en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de 2008, relativa a la Financiación Afectada, “incumple lo establecido en el Plan General de Contabilidad Pública y en los Principios Contables Públicos”.
Otra de las irregularidades detectadas por el informe es que en materia de contratación administrativa, “se pone de manifiesto un aumento de la contratación menor por parte de la mayoría de las consejerías, tanto en número de expedientes como en importes”.
Con todo, el informe culmina afirmando que la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias correspondiente al ejercicio 2008, “refleja la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera, de su resultado económico-patrimonial y de la liquidación de su Presupuesto”.
Fue éste el punto al que se agarraron los grupos que han sido socios del Gobierno hasta el pasado 22 de octubre para soslayar el resto de cuestiones, aunque han instado al Ejecutivo a “tener en cuenta las observaciones que se expresan en el informe” para elaborar futuros presupuestos regionales.
Sin embargo, rechazaron todas las medidas propuestas por el PSC para no permitir las incorporaciones de créditos sin cobertura, solventar los desajustes de las fundaciones públicas, “no utilizar la contratación menor” o reducir el “excesivo e injustificado” importe adeaudado a los acreedores.
